La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red internacional de matrimonios de conveniencia que había concertado más de un centenar de casamientos por los que los inmigrantes irregulares pagaban unos 12.000 euros y ha detenido a 34 personas. También hay un sacerdote imputado.

La red organizaba matrimonios entre ciudadanos colombianos, la mayoría vinculados al narcotráfico, y españoles de etnia gitana, que cobraban unos 3.000 euros. Muchos de los españoles tenían delitos por trafico de drogas o robos.

A cambio del dinero, los inmigrantes podían obtener un permiso de residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.

Gestoría en Carabanchel

En la denominada operación 'Escarlata', en la que también ha participado la Policía Municipal de Madrid, se ha detenido a 34 personas, en Madrid y Valdemoro. Tres de ellos ya están en la cárcel.

A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la ley de extranjería.

Entre los miembros de esta red había una mujer, Isleana García Vargas, de 41 años y apodada 'Claudia', nacida en Colombia pero nacionalizada española. A través de una supuesta gestoría en el barrio madrileño de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos.

Costaba unos 12.000 euros

Con ayuda de otros miembros de la organización, la mujer había hecho una red de contactos, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.

Según la Policía, esta mujer podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones, y otros 22 enlaces canónicos falsificando los documentos. Allí, a Isleana García Vargas la conocían como "la gestora de bodas".

En ambientes marginales

'Claudia' buscaba entonces a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio.

Realizaba también todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta aleccionar a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizasen correctamente la entrevista previa.

Otra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros, y se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos. Algunos de ellos fueron testigos en varias bodas.

Matrimonios fraudulentos

Así, los miembros de la red falsificaban certificaciones eclesiásticas, las presentaban en el Registro Civil correspondiente y registraban el casamiento en los Libros de Registro oportunos, sin necesidad de pagar a contrayentes. La organización se aprovechaba del buen nombre de las parroquias para falsificar los certificados, ya que en realidad no se celebraban los matrimonios.

Isleana García Vargas y dos colaboradores conocidos como James y Diego ya están en la cárcel. El sacerdote imputado es colombiano y era párroco titular de San Cristóbal y cotitular de Nuestra Señora de la Blanca (Canillejas)

La Policía se dirigirá a los organismos públicos competentes para que anulen los matrimonios fraudulentos detectados, así como a la extinción de las tarjetas de permiso de residencia concedidas en virtud de ellos.