El Parlamento holandés ha aprobado este jueves una ley que prohíbe la ocupación de edificios vacíos y que castiga a los okupas con penas de hasta dos años de cárcel.
Los laboristas insisten en que hay que castigar la violencia, pero no es necesario prohibir la 'okupación'
Hasta ahora el movimiento okupa no estaba legalizado en Holanda, pero se permitía siempre y cuando un edificio estuviese vacío durante más de un año.
Sin embargo, partidos como el cristiano Chisten Unie (en el Gobierno) y los liberales VVD (en la oposición) presentaron una propuesta de ley para ilegalizar formalmente la ocupación de viviendas vacías, aduciendo que ese movimiento va frecuentemente ligado a violencia y a actos al margen de la ley.
La primera propuesta de ley proponía una pena de 4 meses de cárcel para los okupas, pero finalmente ese castigo se incrementó a un año de cárcel y hasta dos si la ocupación va unida a actos violentos o amenazas.
Apoyo de la extrema derecha
Con el endurecimiento de la pena de cárcel, liberales y cristianos consiguieron el apoyo del partido de extrema derecha PVV, cuyo líder es el político antimusulmán Geert Wilders, a quien necesitaban para conseguir una mayoría en la votación.
La ley tiene que ser aprobada por el Senado; podría entrar en vigor en enero
Mientras, los laborista del PvdA (también en el Gobierno) han votado en contra, ya que aducen que hay que castigar la violencia o la destrucción de viviendas, pero no por ello es necesario prohibir su ocupación.
Con la nueva ley, los propietarios de edificios vacíos deben notificar al Ayuntamiento el estado del inmueble o, si no, recibirán una multa de 7.500 euros.
Con ello se pretende que sean los Ayuntamientos quienes decidan sobre usos alternativos de los edificios deshabitados y, así, evitar su ocupación irregular.
Protesta de los 'okupas'
Miembros del movimiento okupa presentes en el Parlamento han protestado a gritos desde la tribuna pública en cuanto se aprobó la ley, que todavía tiene que ser aceptada por el Senado antes de su entrada en vigor, previsiblemente en enero de 2010.
Todavía es incierta cuál será la política de los Ayuntamientos para con los actuales ocupantes de inmuebles vacíos, algunos de los cuales viven en esos locales durante ya casi una década.




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