Por cada vivienda dieron una entrada de 1.500 euros para asegurarse la compra de una casa de 200.000 euros. Con el tiempo se enteraron que era suelo no urbanizable y la inmobiliaria les aseguro que si el Ayuntamiento no les daba permiso para la construcción les devolvería el dinero abonado.

Cuando fueron a reclamarlo la inmobiliaria no les ofreció respuesta alguna. La Policía Nacional ha detenido a los dos cabecillas de la trama y el juez ya los ha puesto en libertad sin fianza pero con cargos, aunque el caso sigue abierto por si esta estafa se ha propagado por otros puntos de España.

Los estafados conocían perfectamente al gerente de la inmobiliaria. Conocieron la venta de estas viviendas por el “boca a boca” ya que para no levantar sospechas los supuestos culpables no se publicitaban sino que convencían a sus inquilinos contando con un punto a su favor, la confianza que tenía con los vecinos desde hace años.