Gobierno y sindicatos concluyeron poco antes de la medianoche la reunión en la que retomaron la posible ampliación de la ayuda de 420 euros a parados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios y no cuenten con ingresos suficientes.

El Ejecutivo puso sobre la mesa que esta ayuda se prorrogara hasta el 1 de junio -frente al límite del 1 de agosto que recoge el decreto-ley que regula esta medida-, una medida que CCOO y UGT calificaron de "insuficiente", informaron a Europa Press fuentes sindicales.

De esta forma, el Ministerio de Trabajo aceptó revisar los términos de la ayuda de 420 euros, que desde su puesta en marcha el pasado 17 de agosto había sido objeto de polémica porque no beneficiaría a todos los parados que se encuentren en esta situación, sino sólo a los que agoten sus subsidios desde el 1 de agosto.

En la reunión de anoche, el Ministerio que dirige Celestino Corbacho propuso a los sindicatos ampliar la fecha a partir de la cual todos los parados podrán beneficiarse de la ayuda: en lugar del 1 de agosto, Trabajo propuso el 1 de junio. Los sindicatos valoraron esta propuesta como "insuficiente".

Los sindicatos, descontentos

Así, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, declaró que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente porque no tiene en cuenta al colectivo de desempleados afectados por la fuerte destrucción de empleo de finales del año pasado y que se quedaron sin cobertura sobre todo a principios de este ejercicio.

En este sentido también se manifestó Ramón Gorriz, el responsable de Acción Sindical de CCOO, quien subrayó que en un momento de recesión como el actual no se puede dejar a un numeroso colectivo de parados sin ningún tipo de prestación.

Otra de las cuestiones discutida anoche fue la prórroga de las ayudas, cuya posibilidad recoge el decreto, aunque siempre que la tasa de desempleo esté por encima del 17 por ciento.

Los sindicatos consideran excesiva esta cifra y creen que las prórrogas se deben garantizar mientras haya una tasa de paro superior al 12 por ciento.

Según explicaron los dirigentes sindicales, el Gobierno está dispuesto a retirar del decreto la condición de una tasa superior al 17 por ciento, pero no ha puesto encima de la mesa otra cifra.

A partir de hoy el Ejecutivo iniciará los contactos con los grupos parlamentarios para conseguir su apoyo en las modificaciones y en la aprobación final del decreto.