Así lo ha reconocido Barragán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que "es un trabajo que dejó prácticamente finalizado el anterior equipo en el mes de diciembre". Además, recordó que Afonso presentó al Gobierno canario el anteproyecto de dicha Estrategia en junio de 2016, siendo entonces cuando se conoció los antecedentes y se llevó a cabo todo el proceso participativo con sindicatos y comisiones judiciales.

Por ello, explicó que una vez que se ha ultimado ese trabajo, el Gobierno de Canarias "ha decidido aprobar la Estrategia, con la posibilidad de que pueda ser prorrogado un año más", ya que está prevista que concluya en 2019.

La Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia, dijo, se aprueba como una herramienta de planificación que fija los objetivos a desarrollar para alcanzar un servicio público de justicia "transparente que actúe con agilidad, eficacia, eficiencia y calidad" a través de métodos "modernos y procedimientos normalizados" en el marco de una dirección pública profesionalizada y orientada a resultados.

En este sentido, la Estrategia se basa en ocho objetivos de resultados, tales como son calidad, accesibilidad, transparencia, cooperación, agilidad, capacidad de resolución, homogenización de actuaciones y satisfacción ciudadana.

Para ello se desarrollan seis líneas estratégicas, tales como son la creación de una oficina de proyecto de apoyo a la estrategia; el diseño de un nuevo modelo organizativo tipo de la actividad judicial y fiscal; el despliegue de un programa de implementación de las oficinas judiciales y fiscales en los partidos judiciales que cuenten con edificios e instalaciones adecuadas; completar el desarrollo de la aplicación procesal Atlante II; fomentar la cooperación y colaboración con otros órganos, administraciones e instituciones para alcanzar mejores resultados; y aprobar el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023 para contar con edificios adaptados al nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal.

A su vez, cada línea estratégica incluye sus respectivos objetivos estratégicos, operativos y acciones con fechas de inicio y finalización, acciones, indicadores, resultados esperados y recursos asociados en el período 2017-2019, si bien es prorrogable hasta 2020. De todos modos, algunas actuaciones se iniciaron en 2016 al estar incardinadas dentro de las líneas estratégicas en materia de justicia incluidas en el Acuerdo de Gobernabilidad de Canarias de la presente legislatura y tomadas en consideración por el Gobierno de Canarias el 20 de junio de 2016.