El trabajador boliviano que perdió un brazo en un accidente laboral en una panificadora reclama
"acciones penales y civiles" por los daños y perjuicios causados. Franns Rilles Melgar
se ha ratificado este viernes ante el juez de Gandía que instruye el caso
en sus acusaciones
Espero que me den una indemnización, no sé qué podré hacer con un brazo
Rilles Melgar ha acudido a las 10.30 h de este viernes a losjuzgados de Gandía, acompañado de su
abogada, María Jose Veiga, de CCOO, y del
cónsul de Bolivia en Valencia, Mario Touchard, y ha declarado ante el titular del juzgado de instrucción número 6 durante algo más de dos horas.
A la salida del juzgado, el trabajador ha asegurado que
se ha ratificado ante el juez en sus declaraciones iniciales. Ha reiterado que
uno de los dueños de la panificadora
le trasladó al hospital y le dejó "fuera" del centro, y ha asegurado que
recuerda todo lo que sucedió y "no perdió el conocimiento" en los dos primeros días después del accidente.
El trabajador sostiene que, cuando era trasladado al hospital, el empresario le dijo que "no comentara que había sido un
accidente laboral" y que los empresarios
no se pusieron en contacto con él durante el tiempo que estuvo ingresado.
Acciones penales y civiles
Respecto a las circunstancias del accidente, Rilles Melgar ha manifestado que
la máquina "tenía muchos fallos" y ha negado que los empleados manipularan por su cuenta las maquinas: "siempre se hacía por indicación de los empresarios". "Espero que me den una
indemnización, no sé qué podré hacer con un brazo", ha afirmado.
Su abogada, María José Veiga, ha asegurado que "el juez le ha hecho el ofrecimiento a su cliente de las
acciones penales y civiles que llevan aparejados este tipo de
incumplimientos delictivos, el accidente de trabajo en cuestión". "Mi cliente ha manifestado que quiere reclamar por la vía penal y civil por sus lesiones, por el incumplimiento de la empresa en las medidas de seguridad y por ilegalidad laboral, además de manifestar su intención de mostrarse parte en el procedimiento en calidad de
acusación particular", ha declarado la letrada.
Por su parte, el cónsul ha informado de que se encuentra en
conversaciones con el Gobierno español para que "
se regularice por arraigo a los bolivianos que residen en España desde hace tres años". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció recientemente que
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