La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha calificado este jueves de "repugnante" el caso del empleado boliviano que sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando, al parecer en situación ilegal, en una panificadora de Real de Gandia (Valencia).
El propio trabajador boliviano, Franns Melgar Vargas, dijo el miércoles que estaba empleado en la empresa en situación ilegal y que trabajaba doce horas al día por las que cobraba 700 euros al mes.
Según su versión, su jefe tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente -ocurrido el pasado 28 de mayo-, le dejó a "200 metros del hospital" y le pidió que "no dijera nada".
En este sentido, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración ha subrayado que este caso "no se puede volver a repetir". "Si los hechos finalmente se constatan, se tomarán las medidas oportunas y, paralelamente, la Secretaría de Estado ya ha demandado un análisis al Observatorio de Racismo y Xenofobia para observar qué medidas" se pueden adoptar, ha explicado Rumí Ibáñez.
Rumí Ibáñez ha expuesto que cuando un empresario no cumple las normas vinculadas al ámbito laboral "está haciendo competencia desleal a los demás empresarios".
Deficiencias en la empresa
Por otro lado, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha explicado que la empresa de Real de Gandia (Valencia) en la que trabajaba el inmigrante boliviano que perdió el brazo se encuentra "paralizada" porque "las cuestiones técnicas eran muy deficientes".
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