Según informó el Ministerio de Industria, esta tarifa reducida o "bono social" se incluye dentro de un real decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros con el que el Ejecutivo soluciona el problema del déficit tarifario -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000.

El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos.