Miles de ganaderos convocados por las Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, unos 14.000 según los organizadores, se han manifestado en Madrid para pedir medidas "extraordinarias" al Gobierno por la crisis que atraviesa el sector lácteo.

En la manifestación, que ha comenzado sobre las 11:00 horas en la Puerta de Alcalá y que acabó frente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los ganaderos entonaron canciones populares como "tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, ni es ministra, ni es francesa, es una vaca fresca".

Además, los productores portaron diversas pancartas en las que reclamaban, entre otros aspectos, "competencia sí, 'dumping' no". Los manifestantes, entre ruidos de silbatos, cencerros y tambores, denunciaban la difícil situación que atraviesa el sector lácteo debido al descenso de los precios que perciben, al problema de la falta de recogida de la leche por parte de las empresas, así como el "nacionalismo comercial de las grandes cadenas de distribución".

Los problemas del sector

Los costes de producir un litro de leche se sitúan actualmente en España entre los 35 y los 40 céntimos de euro por litro, mientras que los precios que perciben ganaderos y cooperativas oscilan entre los 20 y los 30 céntimos por litro.

Además de la bajada de precios, el sector productor lamenta que en las últimas semanas se ha agudizado el problema de la reducción de compras por parte de la industria, de manera que desde el pasado 1 de abril hay unos 150.000 litros diarios "sin colocar" en Galicia, mientras que en Castilla y León la empresa Forlactarea también ha dejado de recoger 50.000 litros diarios.

Según las organizaciones convocantes, existen prácticas de 'dumping' y, además, grandes cadenas de distribución están priorizando la compra de leche en sus países de origen, adquiriendo los excedentes de Francia o Alemania "a bajo precio" para sus marcas blancas, al tiempo que "meten mayores márgenes" de precios a las principales marcas españolas.

Entre otras reivindicaciones, reclaman que se obligue a la industria "por decreto o por ley" a recoger la producción de las explotaciones españolas, que se controle el "fraude económico" de las importaciones y que los consumidores conozcan la procedencia y el origen del producto que compran.