Las 7.00 horas. Toca despertarse en la casa de Miguelito. Por delante, un día agotador, pero Pepita -la madre de uno de los 24.628 niños que han solicitado la ayuda de dependencia en España- ya está más que acostumbrada a las carreras para llegar al autobús.

Jeringuilla en mano da el desayuno a su hijo mientras éste se hace el remolón para quedarse en casa con sus muñecos. Pasado el mal rato, ducha para limpiar la válvula que lleva en la barriga (que usa para comer), modelito, colonia, al carrito y a correr a la parada. Después, logopeda, fisioterapeuta, psicomotricidad... y dos días a las semana terapia en una piscina de agua salada.

Dos años en un hospital

A sus cuatro años y medio, Miguelito lleva diez operaciones a corazón abierto y un largo historial médico que le ha tenido más de dos años hospitalizado.

Eso sí, pese a estar dentro del grupo de los 566.410 españoles, según datos del Gobierno, que debería estar recibiendo la ayuda, esta familia no ha visto un euro dos años después de solicitar la prestación.

"Al principio todo fue muy rápido. Catalogaron al niño y nos dijeron que pronto recibiríamos la ayuda. Unos 15 meses más tarde, dicen que falta que nos den una cartilla para poder cobrar", explica algo cansada a 20 minutos Pepita, quien confiesa que "un niño así es una ruina. Además de lo que tienes que pagar por las sesiones especiales, tienes que dejar de trabajar para poder cuidarlo si quieres que mejore su calidad de vida".

Como ellos, cientos de familias siguen sin recibir la ayuda en España, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios (ADGS). El problema, el diferente ritmo de implantación de la Ley de Dependencia en el país.

"Algunas comunidades se pusieron pronto manos a la obra y redactaron sus propias normativas para poner en marcha la Ley. Otras aún no las han detallado como es el caso de Murcia, o lo acaban de hacer como Extremadura", señala José Manuel Ramírez Navarro, presidente de ADGS.

"La ayuda es por necesidad"

Esperando también sigue Mercedes. El pasado 8 de diciembre la llamaron para que recogiera el PIA (cartilla de dependientes) de su hijo -paralítico cerebral de nacimiento- y se llevó una sorpresa. Le habían catalogado dependiente de grado dos, tipo dos (dependientes que no necesitan ayuda durante todo el día).

Algo insólito si se tiene en cuenta que este joven de 16 años no tiene fuerzas para sostener su cuello, no habla ni anda. Por supuesto, su madre casi ha tenido que dejar de trabajar y su hermana también cuida de él. "Ya he presentado la reclamación y me han dicho que fue un error. El problema es que la ayuda no es por capricho, sino por necesidad", explica indignada.

Murcia y Madrid, las peores

Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco son las cuatro comunidades autónomas que mejor nota sacaron por su implantación de la Ley de la Dependencia, con más de un siete y medio de puntuación, según el último informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Por el contrario, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Extremadura no pasan del 2,5. Éstas no cuentan con un plan de aplicación de la Ley, casi no tienen infraestructuras para dependientes y las ayudas son casi nulas.

La dependencia, en cifras

• ¿A quién afecta?
  
  Un millón y medio de personas podrían llegar a beneficiarse de esta ayuda en España, según varias estimaciones. Entrarían todos aquellos que precisen de asistencia por enfermedad, accidente grave o al llegar a la vejez.
  
  
• ¿Cuántos la han pedido?
  
  Ya se han presentado 707.000 solicitudes. Se han realizado 676.661 evaluaciones y 566.410 personas deberían estar recibiéndola, pero cientos de beneficiarios denuncian que no es así.
  
  
• ¿Qué generará?
  
  Como mínimo, más de 500.000 puestos de trabajo. En la actualidad ya hay 151.291 cuidadores no profesionales a cargo de dependientes y 85.000 en ayuda domiciliaria. El problema es que dos de cada tres cuidadores no profesionales aún no se han dado de alta en la Seguridad Social.
  
  
• ¿Cuándo estará implantada totalmente?
  
  Se espera que todo el proceso se complete en 2015. Hasta entonces, el Gobierno tiene previsto invertir el 1% del PIB.
  
  
• ¿Qué peligros tiene?
  
  Las mujeres que dejen el trabajo para cuidar de un familiar no seguirán cobrando cuando el dependiente fallezca. Además, muchas de ellas no se han dado de alta en la Seguridad Social.