El texto pretende además acabar con las largas gestiones que debe hacer un consumidor para darse de baja en servicios fácilmente contratables y terminar con las prácticas abusivas que obligan al comprador a pagar gastos que corresponden al vendedor.
'El objetivo de la ley es proteger a los consumidores que normalmente son la parte más débil a la hora de la realización de un contrato', dijo la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ley, que modificará tres normas, responde a las quejas de asociaciones de consumidores respecto a prácticas abusivas, en concreto el derecho a darse de baja de contratos suscritos con prestadores de servicios con las mismas facilidades que uno se da de alta, la facturación en tiempo real en los aparcamientos y la eliminación del redondeo al alza en precios de productos y servicios.
'Cuando la determinación del precio se base en unidades de tiempo, se considerarán abusivas aquellas cláusulas que fijen una cuantía por unidades no efectivamente consumidas o que redondeen al alza por tiempos no utilizados por el consumidor, como ocurre en la actualidad en el sector de los aparcamientos o la telefonía', según recogen las referencias del Consejo de Ministros.
Además, el anteproyecto refuerza la protección del consumidor al adquirir una vivienda - 'la compra más importante de un ciudadano' -, considerando abusivas prácticas como penalizar al comprador si no se acoge al crédito suscrito por el promotor o el que se le impongan tasas como las plusvalías, que debe abonar el vendedor.
El texto también considera abusiva la imposición al consumidor de los gastos de conexión a suministros como el agua, el gas o el alcantarillado puesto que estos deben integrarse en el precio de venta.
El anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consejo Económico y Social, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para que estos emitan un informe, tras lo cual se enviará al Congreso de los Diputados.
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