Un informe de la Comunidad de Madrid sugiere que la medida del Gobierno central de aplicar la factura mensual en la electricidad encubre la subida real de las tarifas, que considera superior al 4% anunciado por el Ministerio de Industria.

La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid abrió el pasado 31 de enero un expediente informativo por la facturación de las compañías eléctricas algunas de cuyas conclusiones han sido conocidas este jueves por el Consejo de Gobierno y de las que ha informado a la prensa el vicepresidente Ignacio González.

El Ejecutivo madrileño califica de "confusa" para las compañías y los consumidores la legislación actual y apunta que ha ocasionado un "caos histórico" en las facturas de la luz en los últimos meses.

"Erorres"

"La facturación, con lecturas estimadas, parece querer encubrir una subida muy superior al 4%", según una nota del Gobierno regional, que para unos 400.000 abonados madrileños - los que consumen más de 500 kw/h/mes - "la penalización por kw/h extra consumido ha subido un 125% en el último año".

La subida del 4% de media se corresponde a un 80% de los consumidores, ya que el recargo establecido, según la Comunidad, no ha tenido en cuenta aspectos como el número de habitantes de la casa o la existencia de personas mayores o niños.

El Ejecutivo madrileño subraya que la transición a la liberalización total del sector se ha llevado a cabo con "errores" como la desaparición de la tarifa nocturna, "a la que pusieron remedio cuando ya las compañías habían cobrado una media de cien euros a todo el que tenía este tipo de contrato".

"Método de estimación"

La Comunidad también denuncia el "empeño" de Industria en facturar mensualmente con el pretexto de hacer que el consumidor pueda entender y planificar mejor su consumo y apunta que "el principal problema es que el Ministerio no ha regulado hasta la fecha el método de estimación".

Respecto a la futura Oficina de Defensa del Consumidor, que quiere poner en marcha el Ministerio de Industria, se trata de "una solución apresurada y que en la práctica no permitirá resolver el problema de los consumidores", según el Gobierno madrileño.

En esta línea, afirma que esa Oficina "puede suponer una injerencia en las competencias de protección al consumidor trasferidas a las Comunidades desde hace años.