El Gobierno catalán propone el derecho a decidir abortar a partir de los 16 años

  • Así lo recoge el nuevo anteproyecto de la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia.
  • Tendrán que acogerse a los tres preceptos legales existentes.
  • Para las menores de 16, será un juez quien decida en el caso de que su postura discrepe de la de sus padres.

Las jóvenes catalanas a partir de los 16 años podrán decidir abortar, siempre y cuando se acojan a los tres preceptos legales existentes, y si finalmente sale adelante el anteproyecto de la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia que prepara el Gobierno catalán, en el que propone regular "la capacidad de decidir sobre la maternidad" a partir de la edad mencionada.

La secretaria de Infancia y Adolescencia, Inma Pérez. explicó que en el caso de las menores de 16 años "se tendrá en cuenta" su postura, y cuando su decisión discrepe de la de sus padres será un juez quién decidirá si la menor tiene la suficiente capacidad como para decidir.

El texto, que está previsto que se presente a exposición pública la próxima semana y el Ejecutivo catalán lo apruebe "a mediados de marzo", recoge seis títulos y varias disposiciones y tiene por objetivo unificar la legislación relacionada con la infancia, visualizar al menor como sujeto de derechos y no sólo proteger y actualizar la normativa teniendo en cuenta los cambios sociales.

Algunas de las novedades que presenta la norma son la creación de mesas territoriales de infancia, modificar las figuras de acogida y crear los consejos de infancia.

También propone modificar la ley 30/89 para reclamar la solicitud de un informe que contemple la perspectiva de infancia, igual que se hace con la de género, para las normas que se puedan dictar.

Maltrato

El anteproyecto priorizará las medidas administrativas y judiciales para que en caso de maltrato familiar a un menor sea el presunto maltratador quien abandone el domicilio familiar y no el menor.

En muchos casos ante maltratos a un menor es éste quien se aleja del domicilio familiar y pasa a estar tutelado por la administración.

Además, la Generalitat se podrá posicionar como acción popular ante estos supuestos.

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