En concreto, se ha valorado la calidad de los servicios y las políticas de movilidad mediante reuniones con los distintos responsables locales del ámbito del transporte.

A partir de ahí, los técnicos harán un informe donde localizarán las buenas prácticas a nivel local y que puedan aplicarse a los territorios, identificando los puntos críticos de mejora en la provincia y propondrán soluciones que ya se encuentren aplicadas en sus territorios o en otros identificados en otras zonas europeas.

En las sesiones de trabajo se ha presentado el estudio realizado a través de la Agencia Provincial de la Energía de Granada sobre la movilidad en la provincia.

También se han reconocido un conjunto de buenas prácticas que pueden contribuir a resolver algunos de los problemas que existen como la poca demanda de transporte público en zonas rurales.

Durante la visita del equipo técnico europeo, se han mantenido reuniones de trabajo con la Diputación de Granada, DGT, la Junta de Andalucía, la Agencia de Obra Pública, la Agencia Andaluza de la Energía, el Metropolitano de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la empresa de transportes ROBER, el Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada, la Universidad de Granada, la Gremial del Taxi, asociaciones de ciudadanos.

Además se han intercambiado experiencias con otros proyectos europeos como el proyecto TRAM que promueve nuevos planes de acción para la movilidad urbana sostenible, de la Junta de Andalucía, el SUMBA de la ciudad de Tallin, que desarrolla herramientas que ayudan a planificar e integrar soluciones de movilidad urbana, o el Clean Air, de la Agencia Provincial de la Energía de Granada y dirigido a colegios de primaria y secundaria de Granada sobre la calidad del aire y energías renovables y eficiencia energética.

Asimismo, se han propuesto nuevos métodos de contratación de servicios de transporte público, líneas específicas de promoción de la movilidad eléctrica que han logrado tasas de uso importantes, como la mejora de los carriles bici de forma interconectada, o la implicación de la ciudadanía mediante procesos y presupuestos participativos.