El ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, acusado por corrupción municipal en el caso Astapa, dijo ayer a su salida de la cárcel, que ha actuado en "defensa de la legalidad", que protegió los "intereses colectivos del municipio" y que tiene la "conciencia tranquila".

"Confío, anhelo y deseo que en esta historia sin sentido todo se aclare", ha apuntado Barrientos, quien abandonó la cárcel de Alhaurín de la Torre tras pagar una fianza de 150.000 euros impuestos por la jueza encargada del caso, Isabel Conejo.

El ex regidor de la localidad malagueña entiende "que haya gente con cierta incredulidad e incertidumbre" sobre su implicación en Astapa, pero en este sentido, ha demandado "el beneficio de la duda", ya que "hay un juez implacable que es el tiempo, que pone a cada uno en su lugar".

Acompañado por su hermano, Barrientos dejó el centro penitenciario sobre las 21:10 horas de ayer. Ante los periodistas afirmó que se siente "con espíritu calmado, muy sosegado y con mucha paz interior", a lo que ha añadido que existe "mucha gente involucrada decente y honesta que ha trabajado con integridad y honradez por el pueblo" de Estepona.

Mucha expectación

La salida del ex alcalde de esta localidad malagueña ha estado marcada por la presencia de más de una treintena de periodistas, fotógrafos y operadores de cámaras de diversos medios de comunicación, que han esperado ante la puerta de la prisión de Alhaurín de la Torre.

"Agradezco las muestras de apoyo y el afecto de mucha gente", ha agregado Barrientos. Dijo que lo primero que haría cuando llegara a su casa será "comerme un huevo frito con patatas".

También han abandonado la prisión los concejales Manuel Reina y José Ignacio Crespo -ambos del Partido de Estepona- y el ex jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores, que han abonado hoy la fianza de 150.000 euros para poder salir en libertad provisional.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, adoptó esta decisión después de que el Ministerio Fiscal solicitara el cambio de situación personal de los imputados, que tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y a quienes les retirarán sus pasaportes.

La investigación de esta causa se centró en un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio y casi seis meses después de destaparse la trama suma 63 imputados, de los que 19 están en libertad bajo fianza y 40 en libertad sin fianza, mientras que para los cuatro encarcelados se modifica ahora su situación.

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