Se trataba del programa de realojo, aunque la asociación de vecinos acordó con el entonces alcalde, Tomás Rodríguez Bolaños, que al menos dos casas fueran para gente del propio barrio.

El alquiler (cada uno pagaba en función a su renta) sólo podía renovarse durante cinco años, sin embargo, hasta 2004 (12 años después) no recibieron una notificación del Ayuntamiento rescindiendo el contrato.

Han pasado otros cuatro años y ahora, en diciembre y enero, tendrán que acudir al juzgado en un proceso de desahucio por precario; es decir, por tener algo sin título, debido a la tolerancia o inadvertencia del dueño.

«Quizás hemos pecado de excesiva benevolencia, pero está claro que no deben estar ahí porque son alojamientos provisionales y se necesitan para otras familia», aseguró a 20 minutos la concejala de Bienestar Social, Rosa Hernández.

Cuestión de seguimiento

La concejala aseguró también que las casas nunca fueron en propiedad, los inquilinos lo sabían y se comprometían a cumplir unos requisitos, como escolarizar a los hijos, no alojar a más gente, mantener las casas en condiciones... «y no siempre ha sido así», según los informes de los asistentes sociales.

Algunas de las familias, por su parte, aseguran que los asistentes acudieron allí «muy al principio» y después no volvieron a pisar.

¿Hay algo raro?

Los vecinos aseguran, además, que cuando han tenido problemas con la vivienda y han acudido a los servicios sociales «nos ignoraron y trataron muy mal, lejos de ayudarnos a buscar soluciones y explicarnos las cosas, se limitaban a querer hacernos firmar papeles sin decirnos para qué eran», comentan.

Algunos inquilinos dicen que siempre han tenido la sospecha de que hay algo raro en esas casas.

Es más, el propio Ayuntamiento reconoce en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, cuando se les solicitó hacer una reparación, que esas casas no figuran en el inventario de bienes de su propiedad. «Sin embargo, ahora para el desahucio si que son suyas», critican los inquilinos.

Una situación paradójica

«Los servicios sociales argumentan que necesitan las casas para otras familias, pero éramos ocho, quedamos cuatro y en las que han estado vacías, no veo que hayan metido a nadie y llevan mucho tiempo libres», comentan.

Algunos de los inquilinos ya ha llegado a un acuerdo y se marchará voluntariamente en enero, pero otros continúan en riesgo de exclusión social, aun con 12 años de ayuda extra, y sin muchas alternativas.

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