Cajas de ahorros y bancos podrán solicitar el aval del Estado para sus emisiones de deuda desde mañana hasta el 3 de diciembre, dentro del programa de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis financiera. Con esta medida se trata de facilitar la concesión de crédito a las familias y a las empresas.

Según explica la Orden Ministerial que fija el procedimiento para el otorgamiento de avales, el Estado asignará un máximo de 100.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones y otras operaciones de deuda que realicen bancos y cajas antes del 1 de julio de 2009.

El plazo de vencimiento de estas emisiones estará comprendido entre tres meses y tres años, si bien se podrán alargar hasta cinco años en algún caso concreto que deberá autorizar el Banco de España.

Las entidades que reciban el "sello" de calidad del Estado para estas emisiones tendrán que pagar unas comisiones fijas que serán del 0,5% anual para las que tengan un vencimiento inferior a un año más una cantidad variable para las emisiones con vencimiento superior a este plazo. La cuantía mínima de las emisiones será de 10 millones de euros.

Las entidades solicitantes deberán cumplir varios requisitos para que se les conceda el aval, como tener una cuota al menos el 1 por mil en el mercado del crédito, y la cantidad que reciban irá en función de la cuota, por ejemplo, una entidad que tenga una cuota del 5% podrá recibir 5.000 millones de euros.

También deberán haber realizado alguna emisión de deuda dentro de los cinco años anteriores a la solicitud para poder aspirar a obtener estos avales. Las entidades solicitantes, que podrán ser españolas o filiales en España de un banco extranjero, conocerán antes del 31 de diciembre de 2008 si reciben el visto bueno del Tesoro para estas emisiones, mediante la publicación de una Orden del Ministerio de Economía, en la que se harán públicos los nombres de las entidades.

Los avales del Gobierno se podrán solicitar también en 2009, con cargo a los Presupuestos de ese ejercicio, siempre que así lo aconsejen las condiciones del mercado y una vez alcanzado el consenso con el principal partido de la oposición. Los bancos solicitantes podrán ser tanto una entidad individual como otra que pertenezca a un grupo consolidado, supuesto en el que se suman las cuotas y otros criterios de elección.