La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente se encierra en Sanidad

La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, inició este viernes un encierro a las 9.15 horas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para protestar por que, a su juicio, el Gobierno regional le ha "usurpado" el nombre a su organización.

Flores indicó que no piensa abandonar el encierro de ningún modo hasta que no logre sus objetivos, al tiempo que amenazó con mantener una huelga de hambre y sed, así como, incluso, quemarse a lo bonzo. "No me ha quedado otro camino, estamos en los tribunales desde hace tres años", explicó Flores.

Conocida activista en la lucha contra las negligencias médicas, Flores creó en 1997 esta asociación para "intentar mejorar la asistencia sanitaria en España y en la Comunidad de Madrid, denunciando, informando y, en definitiva, atendiendo a miles de personas, enfermos o familiares de enfermos y usuarios del sistema sanitario en general", que se acercan hasta la Asociación, "ante lo que consideran una inadecuada o negligente asistencia sanitaria".

Flores acusa al Ejecutivo regional de crear confusión, con la creación por Ley del Defensor del Paciente, lo que provoca que los pacientes llaman por teléfono a la Asociación creyéndose que acuden a la Consejería de Sanidad, y al contrario.

El encierro de la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, que realiza con una compañera de la organización, será "indefinido" mientras que no sea recibida por el Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y éste le dé un acuerdo firmado por escrito en el que la Comunidad de Madrid se comprometa a cambiar el nombre de Oficina de El Defensor del Paciente por otro diferente como existe en otras comunidades.

"Por la desidia y la desfachatez de los mandatarios políticos de la Comunidad de Madrid, que en lugar de llamarse 'El Defensor del Usuario Sanitario', como ocurre en Extremadura, La Rioja o Baleares, se han aprovechado de un nombre ya creado, arraigado en la sociedad y violando los derechos que como ciudadanos tenemos", considera la presidenta del organismo. En definitiva, "la Comunidad de Madrid ha creado un organismo trampa para aprovecharse de nuestro trabajo", apuntó.