Miles de policías y guardias civiles se manifiestan -15.000 según los organizadores- desde este mediodía por las calles en Madrid, en demanda de "dignidad económica y profesional" para los miembros de ambos cuerpos de seguridad. A la marcha asisten los principales dirigentes de los sindicatos de la Policía y de algunas asociaciones de guardias civiles, a pesar de las amenazas de expedientes proferidas desde el Ministerio del Interior.

La marcha se desarrolla en un ambiente festivo y encabezada por cuatro maniquíes vestidos con los uniformes antiguos y actuales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con la boca tapada y con un cartel que reza: "Yo no hablo porque no me dejan". Y también gritos de "Rubalcaba súbenos la paga".

Por su parte, la Junta Directiva de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación que reúne a mandos del Instituto armado, ha decidido no asistir a la manifestación que este sábado transcurre por la capital para evitar ser "rehenes" del Ministerio del Interior, que ha amenazado con expedientes y sanciones.

En un comunicado, la Unión de Oficiales ha anunciado que, como había estudiado durante los últimos días, esta misma tarde denunciará ante los tribunales las "coacciones" y "amenazas" lanzadas desde la cúpula de Interior contra los guardias civiles que decidan finalmente acudir a la protesta.

Los mandos de la Guardia Civil justifican su ausencia en la marcha para no poder ser objeto del "chantaje" del Gobierno e impedir que la asociación pueda ser "descabezada" de cara a las elecciones para el Consejo del instituto armado.

La Unión de Oficiales ha denunciado también que los Servicios de Información de la Guardia Civil han recibido órdenes terminantes de tomar imágenes de los mandos que asistan a la protesta con el objeto antes de abrir expedientes que pueden acabar, incluso, con la expulsión del Cuerpo.

En los últimos días, tanto el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, como el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, han advertido a los agentes de la Guardia Civil de que se arriesgan a ser expedientados e incluso a ser expulsados del Cuerpo si acudan a la protesta.