El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está decidido a seguir adelante con su investigación sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo desde 1936 a 1951.

Tras declararse este jueves competente para ello y ordenar que se inicien las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, incluida la del poeta Federico García Lorca, el magistrado ha dado este viernes una nueva vuelta de tuerca al asunto para ganar tiempo ante el recurso que la Fiscalía tiene previsto presentar.

Así, en un nuevo auto de dos folios, ha convertido las diligencias previas en sumario ordinario. De esta manera, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía está obligada a recurrir ante el propio Garzón, y no directamente ante la Sala de lo Penal, como pretendía.

Esta decisión de Garzón ha sido calificada por fuentes de la Audiencia Nacional como una "pirueta jurídica" legal para impedir que la Fiscalía pueda recurrir la competencia directamente ante la Sala, sin tener que recurrir primero ante el magistrado, lo que le da a éste el tiempo suficiente para dar comienzo a las exhumaciones.

Según el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el recurso ante unas diligencias previas puede ser directamente de apelación ante la Sala sin tener que pasar ante el propio juez que dicta la resolución.

Garzón ha argumentado la conversión de las diligencias previas en "sumario ordinario" en función de "la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos y revistiendo los caracteres de una infracción cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal por estar castigada con pena superior a nueve años de cárcel".

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía quería recurrir directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto dictado ayer por Garzón al entender que los delitos que va a investigar han prescrito en virtud de la Ley de Amnistía (1977).

Entiende también la Fiscalía que las exhumaciones ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica y los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales, ya que el concepto de crímenes contra la humanidad, que Garzón esgrime para declararse competente, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945 y no tiene efectos retroactivos.