La nueva normativa fue aprobada con 385 votos a favor, 20 en contra y una abstención, tras un debate en la Cámara de Diputados que fue especialmente rápido por la "urgencia", según Pisanu, de poner en marcha las disposiciones.

A partir de ahora, la Policía italiana podrá detener a sospechosos para verificar su identidad por un periodo de hasta 24 horas, en lugar de las doce actuales, mientras que los poseedores de documentos falsos estarán sujetos al arresto obligatorio y se podrá expulsar a extranjeros por motivos de "orden público".

También se utilizarán más miembros de las fuerzas de seguridad para tareas de investigación y prevención, habrá mayores controles de las mezquitas y los centros islámicos y las autoridades podrán acceder sin restricciones a los bancos de datos telefónicos y telemáticos.

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas que estén a cargo de la vigilancia de posibles objetivos terroristas podrán detener y registrar a sospechosos, lo que normalmente es competencia de la Policía. Se estrecharán los controles sobre armas y explosivos, al tiempo que se tomarán muestras de ADN de aquellos sospechosos que no posean documentos que faciliten su identificación.

Para alentar a la colaboración de los inmigrantes clandestinos con la Policía, aquellos extranjeros que proporcionen a las autoridades información útil en investigaciones antiterroristas recibirán de forma automática el permiso de residencia.

Por otra parte, se endurecerán las penas contra quienes circulen por lugares públicos con el rostro cubierto, lo que en la práctica prohíbe en Italia el uso del burka y de ciertos tipos de chador, con penas que van hasta dos años de cárcel y 2.000 euros de multa.

La normativa modifica además el código penal para introducir los delitos de reclutamiento con fines de terrorismo (castigado con penas de hasta quince años de prisión) y de adiestramiento para actividades con fines terroristas (hasta diez años).

Otro de los puntos aprobados concede un incremento de 9,8 millones de euros en el presupuesto para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en 2006.

El ministro del Interior se mostró "profundamente satisfecho" por la respuesta positiva y unitaria de la Cámara a estas medidas, necesarias para responder "a la amenaza terrorista" que sufre Italia.

En los últimos días, Pisanu y el propio primer ministro, Silvio Berlusconi, han señalado que sobre el país se cierne el riesgo de atentados, aunque han insistido en que las autoridades están en máxima alerta y se han extremado las precauciones.