"No podemos ni beber agua del grifo. Nos tienen totalmente abandonados", asegura Jaime Garrido, presidente de la Junta de Compensación de El Practicante, perteneciente a Camarma de Esteruelas, un municipio situado al este de la región y a pocos kilómetros de Guadalajara. Los residentes en El Practicante -unos 400 durante el año, pero hasta 1.600 en verano- se quejan de que, aunque pagan sus impuestos, el Ayuntamiento no les da los servicios básicos: ni agua, ni luz, ni calles asfaltadas. "Antes el Ayuntamiento alegaba que no había infraestructuras para no darnos servicios; ahora que las hay, dicen que
no saben para cuándo estarán", dice Garrido.
Por eso, cansados de no tener unos servicios "básicos", tomaron cartas en el asunto:
pusieron 11.320.000 euros de sus bolsillos y ya han instalado farolas, un sistema de cañerías para el agua -aunque todavía no es potable- y han empezado a asfaltar las calles. La alcaldesa de Camarma, Consuelo Mendieta (PP), rehusó hacer declaraciones a
La inversión para habilitar la urbanización ha dejado "con el agua al cuello" a Ramón Alba, jubilado de 73 años y
residente en El Practicante desde hace 15, que lamenta que no le va a dar tiempo de "pagar el préstamo".
"Complejo, no imposible"
"Lograr la segregación es complejo pero no imposible porque cumplimos los requisitos", asegura Garrido. Lo primero, es tener una razón de peso: ellos alegan la
dejadez de funciones del Consistorio.
También necesitan que un tercio de los habitantes del lugar firmen a favor: de los 345 empadronados en El Practicante,
unos 300 lo han hecho. Por último, necesitan demostrar que pueden dar los mismos servicios que les da el pueblo. "
Firmaríamos convenios con Camarma hasta que el pueblo crezca, igual que hacen ellos con Meco para los servicios del ambulatorio o la Guardia Civil", dice Garrido.
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