El conseller de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, ha puesto hoy a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el censo de desaparecidos que elabora el Gobierno catalán desde 2003.

En un comunicado, Saura ha valorado la decisión de Garzón de elaborar, a partir de los datos solicitados a distintas entidades y organizaciones, un censo de desaparecidos durante el franquismo, y ha recordado que Cataluña fue pionera en esta tarea.

Hasta ahora, el censo del Gobierno catalán tiene registradas 2.351 personas desaparecidas, lo que significa que este número de familias han pedido ayuda para saber dónde murió un antepasado suyo durante la guerra o la inmediata posguerra, cómo le mataron o bien si fue enterrado en una fosa común, entre otras cosas.

La mayoría de los casos son de soldados del ejército republicano y el resto son civiles muertos en diversas circunstancias como represaliados por la retaguardia republicana, víctimas de bombardeos, represaliados por las tropas franquistas o fusilados tras un consejo de guerra.

Como Cataluña es la única comunidad que ofrece este servicio, le han llegado también 371 peticiones de familias de otros puntos del Estado con familiares desaparecidos.

De las 2.351 investigaciones puestas en marcha en casi 400 casos se ha encontrado documentación sobre los últimos días de la persona desaparecida y se han podido entregar a las familias, mientras que en 83 casos incluso se ha podido determinar dónde fue enterrada, si bien 1.900 expedientes continúan abiertos. El Gobierno de PSC, ERC e ICV-EUiA ha aprobado en esta legislatura la ley del Memorial Democrático y está pendiente de aprobar la ley catalana de fosas y desaparecidos.