En el caso de los grandes incendios, aquellos que arrasan más de 500 hectáreas, únicamente el 3,5% de los causantes han sido sentados en el banquillo de los acusados entre 1996 y 2005.

Entre las 228 sentencias que Greenpeace ha podido recopilar a partir de la reforma del Código Penal de 1995 hasta 2006, el 78% han sido condenatorias, la mayor parte en Galicia, seguida por Castilla y León, Andalucía y Asturias.

Nunca se impuso la pena máxima

Sin embargo, las condenas sólo se refieren al 5,49% de la superficie total abrasada en ese decenio y en ningún caso se ha impuesto la pena máxima de prisión prevista por este delito, 20 años de cárcel.

A pesar de todo ello, el número de juicios, sentencias y condenas crece de manera constante en los últimos años gracias a la Fiscalía de Medio Ambiente, según ha valorado el autor del informe, Miguel Ángel Soto, que ha lamentado las dificultades para poder conocer todos los fallos judiciales.