La sentencia acepta el recurso presentado por Congo F., que fue condenado también, por un delito contra la propiedad intelectual, a indemnizar a la Sociedad General de Autores con poco más de mil euros.

La Sala defiende la intervención mínima del ámbito penal y comenta que "la potestad administrativa correctamente desplegada es más que suficiente en orden a atajar conductas tendentes a una irregular transmisión de productos concernientes a la propiedad intelectual, legalmente protegida".

Añade que "sin que a tal efecto parezca penalmente perseguible el intento de vender en la calle a los viandantes unas cuantas copias de CD y DVD por quien en realidad más bien trataba de subsistir con tal comercio".

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, comenta asimismo que "criminalizar este último eslabón de la cadena poco serviría para paliar la ilícita actividad de quienes en verdad atentan a la nombrada propiedad intelectual".

Para el tribunal, estos últimos son "los que distribuyen esos productos para, con seguro ánimo de lucro, dejar en manos de un menesteroso su exposición al público, exponiendo de esta forma a éste a ser objeto de detención y sanción, como así ocurrió en este caso".

La Sala concluye que "cuando Congo F. fue sorprendido, en modo alguno intentaba vender las reproducciones tan citadas con la intención de atentar contra la propiedad intelectual, sino de obtener unas monedas, sin duda pocas, para mantenerse con vida".

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