Según el comunicado, todo comenzó a partir de una denuncia presentada por un ecuatoriano contra los dos detenidos, en la cual informaba que éstos habían propuesto realizar una oferta de trabajo a una prima del denunciante como empleada de hogar para así traerla a España. Pero para formalizar la oferta, según explicaba el denunciante, los detenidos le solicitaron por anticipado 600 euros y el compromiso de pagar otros 600 cuando su prima llegase a España.

Los cuatro arrestados también informaron al denunciante de que su prima tendría que pagarse ella misma la Seguridad Social para trabajar. Los detenidos se encargaban de solicitar los permisos de residencia, pero en el caso del denunciante le informaron de que su solicitud había sido denegada y cuando se interesó por conocer el motivo por el que se le había denegado, se sorprendió al enterarse que había otra persona en su misma situación.

La Policía Nacional inició toda una serie de pesquisas que le permitieron descubrir que el detenido Francisco U.G. y su hermano Tomás U.G. habían solicitado desde 2001 hasta ahora un total de 17 solicitudes de Permisos de Residencia iniciales, así como renovaciones de los mismos con ofertas de empleadas de hogar para extranjeros. La mayoría, según indica el comunicado, eran para ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Regularizaciones fraudulentas

Diez de los afectados por este fraude fueron localizados y ya han prestado declaración, de las que se confirmaron indicios de los delitos que se les imputan, cometidos también por parte de las dos detenidas Yamile C.Q. y Gloria O.G.. Ambas mujeres facilitaban el contacto de extranjeros que o bien se encontraban en situación irregular en España o bien no encontraban a tiempo oferta de trabajo para tramitar la renovación de los permisos que tuviesen a punto de caducar.

Los detenidos se aprovechaban de la necesidad y les pedían unas cantidades que oscilaban entre los 180 y los 1.200 euros para tramitarles los papeles, y a pesar de que estos ciudadanos extranjeros nunca llegaban a trabajar como empleados de hogar lograban regularizar su situación en España de forma fraudulenta.

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