El Gobierno aragonés llevará a los tribunales el decreto de sequía de la Generalitat

  • Lo ha decidido el Ejecutivo en Consejo de Gobierno.
  • Consideran que el decreto "subjetiviza" lo que se entiende por sequía.
  • El Gobierno central ha anunciado que en dos días decidirá si anula o no el trasvase.
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El Ejecutivo de Aragón no sólo recurrirá el trasvase del Ebro a Barcelona, sino que también llevará a los tribunales el decreto que regula la situación de sequía de la Ciudad Condal. El Gobierno autonómico ha decidido que presentará un recurso contencioso-administrativo contra este decreto, que fue modificado el pasado 15 de mayo para mantener la situación de excepcionalidad en la Generalitat.

La DGA ha confirmado también ayer que sus servicios jurídicos impugnarán todos los actos administrativos relacionados con el decreto ley que regula el abastecimiento de agua a Barcelona, incluidos los trámites de adjudicación de las obras, el convenio entre el Gobierno central y el catalán y el proceso de información pública.

La principal novedad reside en la decisión de recurrir el decreto de la sequía de la Generalitat. Los responsables del Ejecutivo aragonés consideran que esta norma, que fue modificada pocas horas después de que la DGA anunciara su decisión de recurrir el trasvase,

«subjetiviza» lo que es sequía «en un claro abuso de poder». Así lo aseguró el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel.

Biel recordó además que el decreto se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico Asesor de Cataluña, preceptivo cuando la norma que se promulga tiene relación con los derechos de las personas, «como es el caso», matizó.

En la última semana, los embalses de las cuencas internas de Cataluña han ganado 65 hectómetros cúbicos, «prácticamente el agua de dos trasvases», según especificó Biel. El río Ebro se ha llegado a desbordar en las cercanías de Tortosa y, a pesar de todo, la Generalitat decidió mantener las restricciones de agua.

Por su parte, el Gobierno central anunció ayer que en dos días estará listo el informe que permitirá decidir si se deroga o no el trasvase.

La DGA también presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo del decreto del trasvase que regula la venta de derechos de agua.

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