Aunque el 1 de enero de 2020 entrará en vigor la prohibición de circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona los días laborables para los vehículos más contaminantes (los que no tienen la posibilidad de obtener la etiqueta ambiental de la DGT porque son de gasolina anteriores al año 2000 o diésel anteriores a 2005), las infracciones no empezarán a sancionarse hasta abril, con el objetivo de que los conductores tengan tiempo para adaptarse a la nueva normativa.

Lo han anunciado este lunes la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau; la teniente de alcaldía de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz; el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda; y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que han explicado que a partir del inicio del año que viene quienes se salten el veto recibirán solo avisos y que el importe de las multas que empezarán a imponerse en primavera -tras una campaña informativa- será de entre 200 y 1.800 euros, en función de la gravedad del incumplimiento.

Habitualmente, se considerarán infracciones leves, con sanciones de 200 a 499 euros, las de motos, turismos y furgonetas con una masa máxima autorizada de 3,5 toneladas; y graves (de 500 a 999 euros), las de autocares, furgonetas con más capacidad y camiones. Sin embargo, en caso de episodio de contaminación, las leves pasarán a ser graves y las graves, muy graves (de 1.000 a 1.803 euros).

La prohibición para los vehículos que más polución generan de circular por la ZBE, un área de 95 kilómetros cuadrados comprendida entre las rondas que incluye la capital catalana y otros cuatro municipios metropolitanos -Sant Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat- y cuya superficie es "20 veces la de Madrid Central", estará vigente de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas y se vigilará que se respete a través de 70 cámaras instaladas en 40 puntos.

Los conductores afectados, sin embargo, dispondrán de 10 días al año en los que se les permitirá saltarse el veto sin justificar los motivos, pero deberán avisar con 24 horas de antelación a través de la web del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Si por una urgencia, no lo hacen, ha apuntado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, se les multará, pero posteriormente podrán solicitar que se les retire la sanción. La intención de estos permisos es que puedan usar sus vehículos para caso excepcionales, como por ejemplo, llevar a un familiar al hospital o pasar la ITV, pero en la práctica, se les permitirá utilizarlos para lo que deseen. "Podrán ir a un restaurante, si quieren", ha dicho la concejal de Movilidad y presidenta de TMB, Rosa Alarcón.

Por otro lado, Sanz ha indicado que los vehículos de personas con movilidad reducida, los médicos, los funerarios, los de Protección Civil, los de bomberos y los de policía estarán exentos de cumplir la normativa. Además, los de mercancías y de transporte colectivo de alta capacidad, como camiones, furgonetas o autocares, tendrán una moratoria de un año para circular por la ZBE, con lo que se pretende dar más tiempo a las empresas para que puedan hacer "un cambio de flota", ha señalado Badia.

El AMB y los ayuntamientos donde se aplicará la medida esperan que inicialmente la prohibición consiga que 50.000 vehículos al día (el 23%) dejen de moverse por este área y que en cuatro años la reducción sea de 125.000. Además, trabajan con la previsión de que un 20% de los conductores afectados se pasarán al transporte público, con lo que este, ha señalado Poveda, ganará "140.000 pasajes diarios". Por este motivo, se seguirá con su refuerzo, ya iniciado en los últimos años.

Cuando la normativa cumpla los 15, ha apuntado Colau, se espera que bajen un 30% las emisiones en la atmósfera de contaminantes de efecto local, principalmente las de NO2 y PM10.

Para justificar la medida, la alcaldesa ha recordado que "anualmente mueren 350 personas en Barcelona prematuramente por la contaminación". "Nos jugamos literalmente la vida y la salud de los vecinos y vecinas", ha dicho.

Por su parte, Calvet ha afirmado que "no será fácil" implantar la prohibición, porque "los ciudadanos deberán cambiar hábitos cotidianos", pero que en este caso "el interés colectivo está por encima del personal". Además, ha señalado que el Govern "apuesta por extender las zonas de bajas emisiones a todas la ciudades grandes de Cataluña".

En esta línea, Poveda ha informado de que 12 municipios metropolitanos "han firmado un convenio" para hacer estas áreas. También ha destacado que "250 ciudades europeas" ya cuentan con ZBE, entre ellas Londres, Berlín, Ámsterdam y Roma.