El sacerdote que demandó al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, estudia recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que absuelve al prelado del delito de coacciones y la falta de injurias al Tribunal Constitucional (TC) por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

El demandante considera que la demora del enjuiciamiento provocada entre otros motivos por un acto de conciliación previo al que el arzobispo tardó meses en responder pudo provocarle "indefensión" y por ello estudia si recurrir el fallo ante el Constitucional, después de que la Audiencia revocara la sentencia del Juzgado de lo Penal 5 de Granada que condenó al arzobispo a pagar una multa de 3.750 euros.

La Audiencia Provincial absuelve al arzobispo del delito de coacciones por el que fue condenado en primera instancia al considerar el juez Miguel Angel Torres que se obligó al sacerdote a "paralizar a la fuerza" un libro para conservar su puesto, era archivero y conservador de la Catedral. Esa "presión" fue acompañada de la suspensión de sueldo.

Los magistrados de la Audiencia consideran, sin embargo, que como los cargos eran de confianza podían ser "removidos" por el acusado, una vez que se hubiera perdido ésta por la causa que fuera. En concreto aluden a la relación del demandante con la entidad CajaSur.

Diferente es el caso de las injurias, de la que es absuelto el arzobispo al declararse "prescrita" la falta, si bien la Audiencia estima que las declaraciones del arzobispo no eran "de menor entidad" y hacen "desmerecer el honor y prestigio del querellante".

Según el letrado del demandante, se deberían revisar los plazos porque el arzobispo retrasó el acto de conciliación en su empeño de evitar lajurisdicción ordinaria y establecer así si la falta, o el delito si se considera, está prescrito.

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