Posteriormente, su abogado José del Carmen Ortega dijo que Uribe se encontraba en la sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá, donde solicitó asilo político, y que está a la espera de que el Gobierno de ese país centroamericano decida si acoge o rechaza la solicitud.
Mario Uribe, que fue senador del Partido Colombia Democrática y presidente del Congreso, renunció a su investidura de diputado después de que la Corte Suprema de Justicia lo vinculara en septiembre de 2007 al proceso de la denominada 'parapolítica' y el caso fuera asumido por la Fiscalía.
'La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin sustitución, ni excarcelación, en contra del ex senador Mario Uribe por el delito de concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley', dijo un comunicado.
'Uribe es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar, Salvatore Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', en noviembre de 1998', precisó la Fiscalía.
Con la orden de la Fiscalía, asciende a por lo menos 32 el número de congresistas y ex legisladores privados de su libertad, mientras que otros 30 más son investigados por acusaciones de haber negociado acuerdos con paramilitares de ultraderecha o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.
La mayoría de legisladores investigados y encarcelados son aliados del presidente Uribe quien, pese al escándalo y a la crisis, mantiene una popularidad de más del 80 por ciento. El mandatario ha descartado la posibilidad de revocar al Congreso y convocar nuevas elecciones como lo piden sus opositores.
Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.
Estos escuadrones, acusados de obtener ingresos millonarios del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.


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