La Policía ha desarticulado una organización que se dedicaba presuntamente a conseguir tarjetas de residencia comunitarias a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios de conveniencia con españoles, en una operación en la que han sido detenidas trece personas en Valencia y Tarragona.

Por estos "matrimonios blancos", los detenidos, diez en Valencia y tres en Tarragona, acusados por este delito y por otros contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, cobraban entre 7.500 y 14.000 euros, aunque la cifra más habitual era de 12.000.

Esta cantidad la repartían entre los "figurantes" del acto: entre dos mil y cuatro mil euros para el español que se ofrecía al matrimonio, 300 para los testigos, 60 para los recaderos o mensajeros y 200 para las personas que empadronaban en su domicilio al contrayente extranjero.

Además, los arrestados prometían a los extranjeros conseguir los documentos por el procedimiento de arraigo, que nunca se tramitaban, a pesar de que les habían pagado 4.000 euros. Y más tarde, les volvían a cobrar por gestionar el divorcio, entre 12 y 24 meses después, para lo que exigían nuevas cantidades económicas.

El centro de actividades de la organización estaba en Valencia, donde contaban con dos oficinas en las que archivaban la documentación de los extranjeros y donde residía el cabecilla del grupo, quien se rodeaba de colaboradores para que gestionaran los papeles con los extranjeros.

El jefe del grupo adoptaba grandes medidas de seguridad, evitaba aportar datos de sus oficinas a las víctimas, empleaba más de seis teléfonos móviles, no tenía nada a su nombre y las cuentas bancarias donde los extranjeros ingresaban el dinero estaban a nombre de sus colaboradores.

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