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Una transexual lleva años reclamándole al Consistorio el sueldo que dejó de pagarle

Lucha contra la soledad y la miseria
La ordenanza Cristina Rosales vive prácticamente de los servicios de la caridad desde que fue expulsada del Ayuntamiento. M. V. (M.V.)
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  • Rosales fue acusada de insultos y amenazas a personal y público.
  • Un juez dejó en suspenso la sanción por sus problemas psiquiátricos.
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Hoy ya sólo le quedan ganas de acogerse a la jubilación anticipada. Cristina Rosales es una transexual de cincuenta años, funcionaria municipal, que desde 2006 viene reclamándole al Ayuntamiento de Cádiz el sueldo que dejó de pagarle en aplicación de una sanción disciplinaria, y que los tribunales obligaron a la Corporación Local a reintegrar, pero cuya decisión el Consistorio ha ido recurriendo en diversas instancias sin llegar a ejecutarla. Por lo que Cristina sigue sin cobrar y vive hoy de la caridad.

Una próxima revisión médica podría obligarla a volver a trabajar en un entorno que no la quiere

Cristina, que ya está sometida a operación de reasignación de sexo y ha accedido recientemente a su nueva identidad legal, arrastraba desde 2003, cuando comenzó a trabajar como ordenanza en el Baluarte de la Candelaria, diferentes sanciones disciplinarias que la castigaban con diversos periodos de suspensión de empleo y sueldo.

Sus interacciones con el público y con el resto del personal habían sido, ciertamente, bastante conflictivas, y el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, se escudó siempre en los insultos y amenazas que, presuntamente, profería Cristina contra ellos. Aunque nunca se indagó si también hubo actitudes despectivas o comentarios difamatorios de la otra parte hacia ella.

Sea como sea, a raíz de la denuncia de otra ordenanza y unos escritos dirigidos al entonces teniente de alcalde delegado de Personal, José Blas Fernández, que el edil juzgo como obscenos, la suspensión de empleo y sueldo llegó a los ocho meses.

Antes de que se llegara a ejecutar esta sanción Cristina entró en baja laboral, con el correspondiente informe psiquiátrico que le diagnosticaba un carácter pleitista, razones todas que el juez estimó suficientes para dejar en suspenso la sanción y obligar al Consistorio a reintegrarle los emolumentos que le había dejado de abonar. Pero, como se dijo, el Ayuntamiento ha presentado un recurso tras otro y sigue sin satisfacer esta obligación.

El 3 de abril Cristina tendrá que pasar otra revisión ante la Seguridad Social y cabe la posibilidad de que le den el alta laboral. "Me gustaba mi trabajo, pero no quiero volver al Ayuntamiento con este equipo de Gobierno municipal", declaró ayer a 20minutos.es.

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