Una treintena de familias de etnia gitana están acampadas junto a las vallas de cuatro metros de altura colocadas alrededor de las 65 viviendas desalojadas en el barrio Virgen del Carmen.

Aunque desde la Conselleria de Bienestar Social han reconsiderado el desahucio parcialmente y han ofrecido acoger en edificios públicos a los niños y las mujeres embarazadas, los afectados han rechazado moverse de la calle, a pocos metros de los pisos sociales que ocupaban hasta hace unas horas.

Han pasado tres noches a la intemperie y, por ahora, no tienen intención de buscarse otro alojamiento. Ayer usaban sus muebles y enseres y se podían ver unos improvisados salones de estar sobre el asfalto y las aceras.

Algunos de ellos aseguran que tienen sus contratos en regla y que no son morosos, pero desde el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) achacan su desahucio a la «falta de un contrato legal» o por «mala convivencia», esto es, por venta de droga en las viviendas o incluso «amenazas de muerte a sus vecinos».

«Lo llevo todo al corriente: pago luz, agua y mi alquiler; con cinco hijos que tengo, no debo nada», protestó ayer Juan Cortés Molina, uno de los acampados.

Técnicos del Ivvsa fumigaron las 65 viviendas para que cuatro empresas las rehabiliten en breve.

El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) avisó del desalojo hace ocho meses a estos vecinos de la calle Diputado Juan Rodríguez Marín, en Virgen del Carmen, por varios motivos: insalubridad, ocupar los pisos sin contrato, impagos de alquiler y mala convivencia. Los agentes detuvieron a cuatro personas, una por resistencia al desalojo y otras tres por estar en búsqueda y captura.

Estas viviendas fueron adjudicadas hace ocho años en régimen de compra o alquiler, pero en muchas de ellas su titular no ejerció el derecho a uso o bien se lo dio de forma ilegal a otras familias.

Momentos de tensión

El desalojo generó momentos de tensión entre policías y afectados, la mayoría de etnia gitana, que se hacinaban en las aceras con cocinas, neveras, colchones y muebles.

Algunos testigos aseguraron que en uno de los pisos había una pequeña puerta en medio de la puerta principal, a modo de farmacia de guardia, para vender droga. De las 65 viviendas, 20 estaban vacías, y el número de familias afectadas es de 38. Sólo 12 tienen el contrato y, según el IVVSA, ya han sido realojadas en otras viviendas públicas. El resto pensaba acampar ayer en la calle, aunque el acceso está cerrado por vallas de cuatro metros y un dispositivo policial.

Ventanas arrancadas, habitaciones con basura y paredes escarbadas para mezclar el yeso con cocaína, según la Policía, reflejan el deterioro de las viviendas.

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Testimonio de afectados

Adolfina García Silva. Vecina desalojada.

«Le han dado casa a mucha gente a quien no se la tenían que dar. Aquí hay gente muy mala. Han pillado a algunos con droga hasta cuatro veces, y luego les dan a ellos las primeras viviendas en vez de al resto de gente que somos honrados. No tienen ni pizca de vergüenza, no han a visto todos los chiquillos que tengo. ¿Qué hago?»

Alfonso Cortés y su hermano Juan. Vecinos desalojados.

«No hay derecho porque nosotros tenemos nuestros contratos. Esto no es correcto. El que no pueda convivir, que no conviva, pero el que tenga contrato, no hay derecho a que nos tiren a la calle, con todos nuestros muebles y nuestros niños. A partir de ahora, a dormir aquí en la calle, con los niños. Que tenemos nueve hijos».