En la querella, presentada en nombre de V.H. por su abogado, José Luiz Mazón, y a la que ha tenido acceso EFE, se afirma que el juez ha dilatado desde entonces "de manera maliciosa" el caso y añade que en la situación puede haber influido "su simpatía y adscripción al Opus Dei".

Se indica asimismo que V.H. inició el expediente de jurisdicción voluntaria para adoptar a una menor, nacida en 2006, e hija a la que alumbró su compañera sentimental, M.S., tras someterse a un procedimiento de inseminación artificial.

"El procedimiento de adopción, afirma la querella, es, por naturaleza, ágil y sencillo, pero, sobre todo, rápido, y de él no se desprende ni promueve cuestión contenciosa alguna entre las partes".

"Sin embargo, la causa que nos ocupa, mediando el interés de la oposición del propio magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, se ha convertido en un procedimiento interminable".

Se indica, por otro lado, que el asunto está paralizado porque el juez planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional "que distorsiona el objeto del debate en perjuicio de los derechos de la querellante, su cónyuge y su hija".

Un juez simpatizante del Opus Dei

Tras relatar todas las vicisitudes por las que ha atravesado este caso, y al referirse a las supuestas simpatías religiosas del juez, la querella señala que "parece que creencias e ideologías que deberían quedar en la esfera privada de cada uno aparecen en la figura de un señor que desempeña la función de cumplir la ley".

Ahora, el TSJ, en un Auto al que ha tenido acceso EFE, ha acordado admitir la querella a trámite al considerar que de las actuaciones realizadas ya se desprenden indicios de que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia.

Igualmente ha decidido nombrar instructor al magistrado Manuel Abadía, que es el que realizará las investigaciones oportunas.

La admisión, que fue apoyada por la Fiscalía, ha sido comunicada a la Comisión Permanente y a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial "a los efectos legales oportunos".

Se da la circunstancia de que este mismo magistrado cuenta ya con dos expedientes disciplinarios, abiertos en 2007, por un presunto "retraso injustificado" y por la "utilización en resoluciones judiciales de expresiones innecesarias".