Fueron construidas en suelo rústico no urbanizable. Sobre unas 300 viviendas pesa ya una orden de demolición del Ayuntamiento –se calcula que existen 3.000–; sin embargo, el Consistorio aprobó ayer en un pleno una moción para normalizar la situación de «cuantas sea posible». Lo aseguró ayer el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), con el objetivo de que las familias no pierdan sus casas, después de que unas 200 se concentraran en el Consistorio. Advirtió, no obstante, de que habrá «casos insalvables» por estar en dominio público o en zonas protegidas. Según Sánchez, el caso de Mijas es «distinto» al de otros pueblos donde se cuestiona la legalidad de promociones de lujo, pues en la mayoría residen familias locales en parcelas heredadas de barrios diseminados rurales. Estas viviendas se ubican en las zonas del Puerto los Gatos, La Alquería, Machorra, La Majadilla, Candelaria y Entrerríos, donde el pasado lunes (en la imagen) se derribó un inmueble de 4 m2 anexo a una casa. Los afectados ya se han unido en una plataforma. Su presidente, Juan Antonio Blanco, calcula que a las 300 órdenes de derribo se suman 3.000 expedientes por incumplir la normativa. «Están desesperados», afirma, al no poder pagar entre 90.000 y 130.000 euros de sanción para evitar la demolición.