Acusan a Fujimori de haber mandado asesinar a Alan García

Del Castillo, considerado el brazo derecho del actual presidente, fue uno de los opositores políticos detenidos y encarcelados en forma clandestina el 5 de abril de 1992 por militares, tras el autogolpe mediante el cual Fujimori asumió plenos poderes para gobernar con mano dura.

El político acudió como testigo en el juicio abierto contra Fujimori por abusos a los derechos humanos y narró que en la noche del autogolpe fue detenido por un comando de militares encapuchados en la casa de García, quien logró huir a tiempo por los tejados de las viviendas vecinas.

'Yo tengo la convicción de que el grupo que entró a la casa, entró para eliminar físicamente a Alan García', dijo Del Castillo, bajo la imperturbable mirada de Fujimori.

García, quien gobernó Perú entre 1985 y 1990, era un líder opositor de Fujimori y fue vinculado en casos de corrupción.

Al término de la audiencia, el juez cedió la palabra a Fujimori, quien dijo que 'en ningún momento se dio directiva ni se tuvo conocimiento' del atentado contra la vida de García.

Fujimori afirmó que la decisión del autogolpe, que incluyó el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, la dio para erradicar la violencia guerrillera, que dejó en 20 años de guerra interna 69.000 muertos y desaparecidos.

'Esa medida del 5 de abril fue respaldada por el pueblo (...) además la Asamblea General de la OEA, a la cual asistí, también respaldó con recomendaciones para el caso, para salir de esa situación', precisó.

Tras el intento fallido contra la vida de García, el ahora mandatario se refugió en Colombia y Francia, donde permaneció varios años hasta 2001, cuando regresó a Perú y ganó la presidencia por segunda vez en 2006.

Fujimori, quien llegó en septiembre a Perú tras un fallo de la justicia chilena que aprobó su extradición, ha negado haber ordenado el secuestro de opositores y ha afirmado que sólo dispuso la 'inmovilización' en sus domicilios.

El ex mandatario debe responder además por las matanzas de 25 personas por agentes del Estado, en el inicio de su Gobierno que duró hasta el año 2000. Fujimori, que niega los hechos, se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por las matanzas.

/Por Teresa Céspedes/.*.