El Tribunal de Cuentas ha fallado que tres empresas proveedoras del Partido Popular en materia electoral, con motivo de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha celebradas el 24 de mayo de 2015, han incumplido la obligación de remitir a dicho tribunal información detallada de los importes facturados por cuantías individuales superiores a 10.000 euros, ascendiendo la cantidad no informada a 311.929,62 euros.

Las tres empresas aludidas son Dayli Post (Unipost), que no ha detallado un gasto de 176.954 euros; Comunicación y Prensa Castilla-La Mancha S.L., que no ha hecho lo propio con un gasto de 37.086 euros, y Logística de Sonido y Luces S.L., que facturó al PP 97.887 euros.

Otra de las deficiencias observada respecto al cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales, según el TC, son los gastos realizados fuera del periodo electoral contemplado en la formación política Podemos por importe de 369,07 euros.

Este tribunal asegura que todas las formaciones han presentado contabilidad y que el gasto por operaciones ordinarias declarado por la totalidad de formaciones ha ascendido a 1.003.798,66 euros, pues ninguna formación política ha superado los límites de gastos específicos previstos para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

En el caso del PSOE, declaró un total de 720.181 euros de recursos de los que 282.294 procedían de operaciones de endeudamiento, 237.886 de adelantos de la Administración y 200.000 euros de aportaciones del partido.

Mientras, el PP declaró un total de 695.506 euros de recursos, de los que 247.798 euros procedían de adelantos de la Administración, y 447.707 euros de las aportaciones del partido.

De su lado, Podemos declaró un total de 65.000 euros, procedentes en su totalidad de "operaciones de endeudamiento".

El gasto declarado conjunto para la realización de la actividad de envío de propaganda electoral suma 494.080,36 euros. No obstante, el TC explica que una vez minorado el importe de los gastos no cubiertos por la subvención específica, resulta un gasto considerado justificado por envíos de propaganda electoral con derecho a subvención de 471.099,75 euros.

Por ello, este Tribunal ha resuelto no formular propuestas de no adjudicación o de reducción de la subvención a que se refiere la LOREG.