La responsable de CHA en las Altas Cinco Villas, Isabel Lasobras, ha explicado que "no solo existen los problemas medioambientales como la posible aparición de procesos sísmicos inducidos por la actividad minera, las afecciones al Camino de Santiago o la inestabilidad de las laderas de Yesa que se encuentra a muy pocos metros de la bocamina; también hay afecciones socioeconómicas".

Al respecto, ha argumentado que "la economía de la zona se basa en el turismo, agricultura y ganadería que se ejercen de manera sostenible, actividades que se verán amenazadas con esta actividad minera".

Por todo ello, Lasobras ha reclamado que el Gobierno Central actúe "conforme" a las alegaciones presentadas por la plataforma contra las Minas de potasa, así como por diferentes colectivos para que la declaración de impacto ambiental "sea desfavorable para este proyecto de explotación", ha confiado.

CHA ha recordado que ha presentado "fundamentadas" alegaciones para paralizar la explotación de la Mina-Muga, ya que, además de todas las afecciones medioambientales va a suponer una "auténtica amenaza" al encontrarse la bocamina de esta explotación a tan solo un kilómetro y medio de la ladera inestable en la que se asienta el recrecimiento del pantano de Yesa, "un hecho que según los expertos, puede provocar movimientos sísmicos en la zona", ha alertado.

Isabel Lasobras ha contado que "son muchos los posibles problemas derivados de una explotación de estas características como son la salinización de aguas superficiales y de los acuíferos, el aumento del consumo de agua y como consecuencia la bajada del nivel freático en unos cincuenta metros, la contaminación acústica, polvo, riesgo por hundimientos del terreno, colapso de galerías o la contaminación por tráfico de vehículos, entre otras afecciones.