El índice de criminalidad en Castilla y León es de unas 32 infracciones penales por cada mil habitantes, casi la mitad que la media nacional, que ronda las 52, lo que, según el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, acredita que la comunidad autónoma cuenta con una "buena seguridad ciudadana".

Alejo ha suscrito hoy un convenio de colaboración con el alcalde de León, Francisco Fernández, que permitirá la inmediata puesta en marcha de una Sala Única de Coordinación Policial, que posibilitará una acción conjunta de las Policías Local y Nacional durante el horario nocturno en la capital leonesa.

En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno ha destacado el alto grado de seguridad existente en Castilla y León, muy lejos de las tasas de incidencia de la delincuencia en el entorno europeo, que ha cifrado alrededor de las ochenta infracciones penales -delitos y faltas- por cada millar de habitantes. La Delegación del Gobierno ha gestionado la creación de salas idénticas en León y, próximamente, Burgos y Salamanca.

Con respecto a las previsiones para otras capitales de provincia, Alejo ha explicado que tanto Palencia como Zamora, que no contarán con esta Oficina Única, ya cuentan, como alternativa, con sistemas especiales de "interconexión" entre las Policías Nacional y Local, que también se pondrán en marcha, en los próximos días, en Segovia.

Un nuevo cuartel en León

Posteriormente, el delegado se ha trasladado hasta La Bañeza (León), donde también ha suscrito un segundo acuerdo con el alcalde, José Miguel Palazuelo, para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, que contará con una plantilla de 35 agentes y que estará concluido en un plazo aproximado de dos años.

Según ha detallado Alejo, estas instalaciones, que se convertirán en el puesto principal y de referencia de la Benemérita en esta comarca leonesa, contarán también con una unidad de la policía judicial.

Para la construcción de este acuartelamiento, el Ayuntamiento bañezano ha cedido una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, situada a la entrada de la localidad, junto a la carretera Nacional VI, mientras que el Gobierno asumirá el coste total de las obras, que no ha sido especificado.

Este nuevo cuartel se prestará servicio a una población de unos 22.000 habitantes de toda la comarca, en un territorio de alrededor de quinientos kilómetros cuadrados.