La polémica ha vuelto a la ciudad. Si hace unos años el topónimo removía las conversaciones y conciencias de los coruñeses, ahora es la nueva ordenanza de Normalización Lingüística la que levanta opiniones y reacciones de todo tipo.

Y frente al anuncio de una posible imposición del gallego en actos oficiales, la parte socialista del Gobierno local lo tiene claro: seguirán hablando en castellano. Así lo han manifestado a 20 minutos concejales del PSOE en A Coruña, y aseguran que «hablar de imposiciones suena a otra época».

En el lado nacionalista la polémica no existe. La concejala Ermitas Valencia, la que ha puesto sobre la mesa la nueva norma, afirma que lo único que se ha hecho es «recoger en un documento artículos que existen desde hace más de 20 años en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía». «No se va a imponer el gallego a nadie, sólo se trata de normalizar un idioma como se hace en otros ayuntamientos de Galicia. No hay nada nuevo, está todo inventado», aclara Ermitas.

Unanimidad, en duda

El alcalde, Javier Losada, aseguró ayer que esa ordenanza «aún está verde» y que se cambiará «lo que se tenga que cambiar». Algo con lo que está de acuerdo la edil nacionalista, que asegura que el texto que se ha elaborado desde el servicio municipal de Normalización Lingüística pretende encontrar una unanimidad del 100% en su aprobación, aunque también reconoce que será una tarea difícil.

Desde el BNG dicen que no tiene sentido gastar dinero público en promover el uso del gallego con diferentes campañas y luego no predicar con el ejemplo utilizando el idioma cooficial en los actos públicos.

El camino de la ordenanza 

El texto elaborado (con diez capítulos y 34 artículos) podrá convertirse o no en una ordenanza como tal. Si al final sigue ese camino, pasará por Junta de Gobierno y se aprobará en un pleno, probablemente en marzo.

Pero también puede quedarse en un reglamento interno, para lo que no hará falta un acuerdo plenaria, explicó ayer la concejala Ermitas Valencia. La norma, que persigue promover y normalizar el uso del gallego en la administración local, establece que los documentos oficiales serán en esa lengua, y primará las subvenciones a las entidades que promuevan el idioma de la comunidad.

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