Así lo trasladó el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, quien tachó de "razonable" la petición efectuada por la PSA para realizar sus inversiones, de modo que el sistema de fiscalización existente al que está sometido el centro de investigación puntero en energía solar térmica de concentración y otros organismos similares "entorpece un poco" a los que "necesitan una agilidad de tramitación diferente".
Pese a esto, el subdelegado ha considerado que la estabilidad de la PSA es "total" y que "no hay en riesgo ningún contrato de trabajo", pese a que desde el centro advirtieran de que la rigidez burocrática puede conllevar el cese de "entre un 30 y un 40 por ciento" del personal contratado cuyas relaciones laborales están asociadas a la realización de proyectos concretos para los que hay financiación. Esto supondría que entre 13 y 14 investigadores quedarían fuera de las instalaciones a partir de 1 de enero de 2018 sin saber cuándo podrían volver a incorporarse.
El representante del Gobierno en Almería ha mostrado su confianza en que "antes de que termine el año los principales escollos" queden "solucionados" y se cuente con una "estrategia adaptativa" para que en el marco de una normativa y la Hacienda Pública "haya operatividad suficiente" y los proyectos de investigación puedan "desarrollarse con normalidad".
El conflicto en la plataforma solar conllevó la dimisión de su ya exdirector Sixto Malato y del jefe de la Unidad de Sistemas Solares de Concentración (USSC) Eduardo Zarza.
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