Ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario de Podemos en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha tildado de "sorprendente" el "privilegio" de la Iglesia para inmatricular bienes "sin más", aprobado por el Gobierno de España con la Ley Hipotecaria de 1998, cuando se abrió un procedimiento especial a este fin, en el Reglamento, que concluyó en 2015. Estos bienes no tenían propietario registralmente reconocido.

La ley vigente establece un plazo de dos años para reclamar la propiedad por parte de los legítimos propietarios, y Gimeno ha sugerido que si se reforma la normativa y se suprime el plazo la posibilidad de reclamar estos bienes perduraría, lo que "nos daría mucho más tiempo a la hora de solucionar este tipo de problemas". Ha considerado que las Cortes de Aragón podrían debatir una proposición no de ley para impulsar la reforma de esta ley de ámbito estatal.

Ha dejado claro que "la defensa y conservación del patrimonio es una obligación". Gimeno ha indicado que la cifra estimada de 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 se puede quedar corta.

La posición del Gobierno de Aragón es no aceptar ninguna inmatriculación cuando haya "la más mínima duda" sobre la titularidad, como es el caso de la Iglesia de Santa María de Iguacel, en la Diócesis de Jaca (Huesca), que la Iglesia no ha podido inmatricular por la actuación de la Administración autonómica al estar levantada sobre suelo de la Comunidad Autónoma.

"El problema es cuando se nos plantean temas como la catedral de San Pedro de Jaca", ha continuado el consejero, quien ha observado que "en su corta historia" la Comunidad Autónoma tiene pocos títulos jurídicos que permitan justificar la propiedad "de nada", aunque hay ayuntamientos que sí los tienen. En los 22 registros de la propiedad que han respondido a la solicitud de información del Gobierno de Aragón se han contabilizado 1.751 fincas inscritas.

Respecto a la posibilidad de expropiar estos bienes, Gimeno no la ve posible en casos como la Basílica del Pilar o La Seo, al estar protegido el interés social, pero en el caso de que los bienes no estén "eficientemente cuidados" ha considerado necesario que los órganos responsables evalúen esta posibilidad, añadiendo que "son decisiones políticas que hay que medir y tomar" siempre de forma individualizada y no con carácter general, es decir, "estudiar cada caso".

PATRIMONIO EMIGRADO

La diputada de Podemos Amparo Bella ha llamado la atención sobre este "patrimonio emigrado y sustraído de la titularidad pública", y que forma parte del "tesoro de la Iglesia". Ha dicho que no solo es el caso de La Seo o la catedral de Jaca, sino de muchas otras propiedades, como la catedral de Roda de Isábena, la iglesia de La Magdalena, la de Santiago el Mayor, así como ermitas, viñedos y terrenos comunales.

Bella ha destacado que fue el Gobierno central de José María Aznar el que reformó el Reglamento de la Ley Hipotecaria en 1998, coincidiendo con la privatización del suelo y el posterior "pelotazo".

Esto "no fue por casualidad", sino que "obedecía a un plan de recapitalización de la Iglesia", ha dicho Bella, afirmando que la medida afecta a 40.000 bienes en toda España, "no hablamos de cuatro".

La parlamentaria de Podemos ha puesto el ejemplo de La Seo de Zaragoza, que tuvo una inversión de 13 millones de euros y cuyos titulares cobran cuatro euros por entrada, que "no se quedan en el erario público, sino en el privado". Ha advertido de que estos bienes se podrían vender, "al igual que las monjas de Sijena vendieron los bienes" del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca).

POCA RELEVANCIA

El portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha recalcado que "la cuestión es tener un título" para añadir que este asunto tiene "poca relevancia" y que Podemos ha presentado más iniciativas sobre el mismo que sobre la emergencia social.

Ha preguntado por qué estos bienes tienen que ser de titularidad pública y ha aseverado que "han sido siempre de la Iglesia, nos guste o no", insistiendo en que este debate "no interesa a los ciudadanos".

Desde el PSOE, Alfredo Sancho, ha defendido la defensa del patrimonio aragonés siempre desde la seguridad jurídica. Ha recordado que la única opción para que los bienes pasen a titularidad pública es litigar en los tribunales.

La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha afirmado que el PSOE se pone en esta cuestión "de medio lado" para "satisfacer las necesidades del partido que les sustenta y quedar bien con una parte de sus votantes, que son católicos".

Ha expresado que lo "realmente importante" es que estos bienes sean de libre acceso y ha mencionado el patrimonio que "se está cayendo" por el "importante recorte" de la inversión pública.

LEGAL

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha hecho notar que la Iglesia ha inmatriculado estos bienes de forma legal y que, de hecho, hay sentencias judiciales que le han dado la razón, puntualizando que "otra cosa es la gestión del patrimonio", de cuya protección "alguien tiene que hacerse cargo".

En representación de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha dicho que la Ley de 1998 "no es para bromas" porque conllevó la "neutralización" de desamortizaciones históricas de bienes eclesiásticos, lo que genera "frustración".

"La reforma estaba muy bien pergeñada, no sé si para capitalizarse la Iglesia", ha expuesto Briz, subrayando que "estaba tan bien construida jurídicamente que no se puede desmontar", ya que la Iglesia ha inmatriculado bienes que no tenían título de propiedad. "Seguramente haya que estudiar caso por caso", lo que ofrece "una dificultad enorme".