De este modo, siguiendo la resolución del Tribunal Administrativo de Relaciones Contractuales (TARC), la Diputación impulsará la creación de una comisión técnica que estudie el modo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio y elabore una propuesta que permita la prestación del mejor servicio, según ha informado en una nota de prensa la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez.

A su vez, la diputada ha señalado que la resolución de este órgano independiente "ha despejado cualquier duda sobre la transparencia del procedimiento", aunque ha instado a su archivo, al considerar que el cómputo del IVA pudiera vulnerar el derecho a la igualdad de los licitadores.

La resolución, que ensalza la postura de Diputación de hacer un uso eficiente y racional de los recursos públicos, no justifica, según la diputada "la postura contradictoria" del Partido Popular, que formó parte de la comisión informativa celebrada al respecto el pasado 3 de noviembre y en la que se analizaron el pliego, el procedimiento y los criterios de selección generales y específicos de esta adjudicación "sin apreciar ninguna irregularidad".

Vélez, que ha recordado que "el concurso ha sido, además de transparente, escrupulosamente respetuoso con la propuesta del informe técnico y aprobada en Pleno sin ningún voto en contra", ha señalado que el contrato resultante suponía un ahorro a las arcas provinciales que podría haber rondado los seis millones de euros durante su ejecución.

"Si el Partido Popular lo que quiere es que se le pague más a una empresa sin que ese incremento de coste repercuta en beneficio del ciudadano, que diga claramente", ha destacado.

La responsable de Bienestar Social ha asegurado, que como ha manifestado el TARC, "el resultado de la licitación hubiera sido el mismo computándose o no el IVA". Asimismo, ha advertido al Partido Popular que es "incomprensible" que una formación política responsable "quiera arrojar dudas y crear alarma sobre un servicio básico, que presta atención personal, doméstica y socioeducativa a más de 3.000 usurarios dependientes y genera un empleo indirecto en la provincia de alrededor de 1.300 auxiliares".

Por todo ello, concluye Aurora Vélez, que atendiendo a la propia resolución y conscientes de la importancia de esta prestación, se va a constituir una comisión técnica, para estudiar el modo más eficaz de gestión de este servicio que Diputación presta desde el año 2008, en virtud de convenios con la Junta de Andalucía.