Con este crédito el Ayuntamiento podrá intervenir de forma integral con familias con graves carencias que afectan al normal desarrollo de los menores.

Concretamente, en 2016 se trabajó con 625 menores que corresponden a 520 familias con diferentes situaciones, como problemas de drogadicción, absentismo escolar o falta de habilidades para la educación de los hijos e hijas.

Así, se trata de situaciones que aunque no tienen la gravedad para una declaración de desamparo, sí que necesitan de la actuación de equipos especializados, no solo para que no empeore, sino sobre todo para que se corrija, trabajando tanto con los niños y niñas como con su entorno familiar.

La declaración de riesgo y las medidas integrales a tomar tienen como objetivo mejorar el desempeño de los roles parentales con herramientas sociales e individuales que faciliten las relaciones en la familia, además de lograr la participación de la unidad familiar en recursos sociales culturales, educativos o sanitarios y que una vez aplicadas, la familia pueda ser autónoma evitando así la aplicación de una posible medida de desamparo.

Una medida de riesgo no implica una declaración de desamparo, sino todo lo contrario, significa el apoyo y ayuda protectora para toda la familia, ya que los trabajadores y trabajadoras sociales, así como psicólogos y educadores, que son los profesionales que intervienen en los equipos especializados, ponen a disposición de la familia los recursos necesarios para salir de los problemas que puedan tener, haciendo un seguimiento a los menores.

La necesidad de seguir dando continuidad a la cofinanciación representa un esfuerzo para la mejora de la calidad de la atención a los menores y familias, contribuyendo las administraciones competentes, ayuntamientos y gobierno, no sólo en la cofinanciación de los recursos de prevención necesarios para este fin, sino en la labor conjunta e integrada del Sistema Público de Servicios Sociales de atención a las familias y la infancia de Canarias.

Entre la situación de prevención/riesgo y la posible declaración de desamparo existe una relación directa no sólo en las causas, sino también en la necesidad del trabajo conjunto, de las administraciones competentes en la atención a la infancia y la familia, recuerda el Ejecutivo.

Los programas y servicios de atención a la infancia y la familia, de prevención y riesgo, han de estar vinculados a una red normalizada y consolidada de recursos y servicios.

Sólo intervenciones de carácter preventivo que actúen sobre las causas originarias podrán asegurar el efecto normalizador de la familia, y, por tanto, mantener al menor en su familia, salvo que no sea conveniente para su interés.