Una profesora de la Universidad de La Rioja (UR) acusada de ser la autora de un delito continuado de falsedad documental al usar méritos falsos en su currículo ha aceptado una pena de catorce meses de prisión, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

La Audiencia Provincial de Logroño tenía previsto celebrar hoy este juicio, en el que el fiscal, en su petición inicial, solicitaba para esta profesora una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel.

El acuerdo alcanzado, en el que se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, también incluye una multa de cuatro meses, a razón de cinco euros diarios, frente a la de 2.400 euros planteada inicialmente por el fiscal.

A ello se suma que la profesora ha aceptado la inhabilitación durante un año para ejercer como profesora universitaria, que el fiscal establecía en cuatro, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El fiscal, en su escrito de acusación inicial, al que tuvo acceso Efe, relata que, en octubre de 2009 fue nombrada funcionaria interina de la UR por concurso de méritos y, para acceder a esa plaza, presentó una solicitud, firmada y entregada por ella, y un currículo en el que se atribuía méritos de otras personas.

La acusada obtuvo esa plaza y repitió este procedimiento de falsificación en otros procesos, como el de solicitud de ayuda a grupos de investigación.

Entre los méritos que se atribuía aparecían numerosas publicaciones en las que figuraba como autora de un grupo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que había otra profesora cuyo nombre y primer apellido coincidían con el de la acusada y esta omitió el segundo apellido, según el fiscal.

Además, en el currículo de la acusada aparecían publicaciones, múltiples capítulos de libros, diversas ponencias y comunicaciones presentadas a congresos científicos que correspondían a otras personas, así como dos modelos de utilidad o patentes que no pertenecían a ella.

Tras las indagaciones de la Universidad, el rector, en febrero de 2011, acordó suspender provisionalmente de funciones a la acusada e incoarle un expediente disciplinario y, al mes siguiente, trasladó al Ministerio Fiscal las actuaciones practicadas.

El fiscal señala que también consta que la acusada, en 2007, presentó una solicitud para la evaluación por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación del Ministerio de Educación (ANECA), en la que acompañó un currículo en el que aparecían como méritos propios los que correspondían a otras personas.