Sanchís ha realizado estas declaraciones tras archivar la Fiscalía las diligencias de investigación penal que se incoaron por la denuncia interpuesta por él mismo sobre presuntas irregularidades en relación con expedientes de contratación y facturas que se habían emitido sin soporte o cobertura contractual en el periodo 2003-2015.

Así, ha recordado en un comunicado que el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón detectó irregularidades relacionadas con la facturación emitida por parte de, entre otras, las empresas PIAF y TELECSO durante los años 2003 y 2015, por importe de 33 millones de euros.

Ante estos hechos, que considera que suponen una "transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública y que podrían ser constitutivos de delito", el Consorcio, "como es su obligación ante la sospecha del mal uso de dinero público", remitió esta información a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la Fiscalía de Castellón.

A ello se suma, según ha añadido, que PIAF está implicada en el caso Gürtel de financiación irregular del PP. "De hecho, el que fuera su consejero ha admitido financiar irregularmente al partido a cambio de la concesión de obras", ha señalado.

Por todo ello, desde el Consorcio se insiste en la obligación de control del dinero público y en la gestión, y ha destacado su compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el "buen uso" del dinero público, "tal y como se ha procedido en este caso".