Según ha explicado a Europa Press el director adjunto de la PSA, Julián Blanco, la situación del centro ha llevado a ambos responsables a mantener su actividad investigadora en el mismo pero "no asumiendo ninguna decisión respecto a la gestión", que desde hace meses se ha visto dificultada ante los requisitos para justificar y ejecutar inversiones y gastos derivados de su propia actividad, especialmente ante proyectos a los que acceden por concurrencia competitiva y para los que obtienen la pertinente financiación.

"Los problemas que estamos teniendo no ponen en riesgo el centro como tal, pero sí somos conscientes de que estamos perdiendo liderazgo internacional", ha manifestado Blanco, quien ha explicado que la PSA está a la cabeza de iniciativas europeas y mundiales vinculadas a la tecnología solar térmica de concentración, de manera que el 75 por ciento de los proyectos de este tipo construidos y proyectados en el mundo tiene "tecnología española".

Sin embargo, y pese a la "gran cantidad de proyectos" que se desarrollan en esta Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) del Gobierno ubicada en Tabernas (Almería), resulta "muy complicado poder seguir con ese papel de liderazgo" dadas las restricciones, lo que hace que se den "retrasos difícilmente explicables" ante las entidades de financiación y otros organismos como la Comisión Europea.

PELIGRAN "EL 30 POR CIENTO" DE LOS EMPLEOS

La rigidez burocrática a la que se refiere el director adjunto de la PSA puede conllevar asimismo al cese de "entre un 30 y un 40 por ciento" del personal contratado cuyas relaciones laborales están asociadas a la realización de proyectos concretos para los que hay financiación, lo que supondría que entre 13 y 14 investigadores quedarían fuera de las instalaciones a partir de 1 de enero de 2018 sin saber cuándo podrían volver a incorporarse.

Para Blanco, la "lentitud" en la renovación de estos contratos temporales "origina una parálisis tremenda" que es "difícil de admitir en un centro" con la Plataforma Solar, toda vez que temen que "algunas personas se vayan a otro sitio" para continuar con su labor". "No sería la primera vez", ha apostillado el responsable de la instalación, quien asegura que personas "muy valiosas" por su talento ha acabado en Alemania "con contratos mucho mejores".

Además de estas cuestiones que afectan a la plantilla de medio centenar de personas, se dan otras circunstancias que se han visto agravadas administrativamente, como la necesidad de contar con dos informes de Asuntos Exteriores y de Hacienda así como con una autorización del Consejo de Ministros para el pago de una cuota de suscripción a un organismo internacional o para renovar un acuerdo con la Universidad de Almería con el que se gestionan doctorados, ante el que tiene que intervenir la Abogacía del Estado, entre otros órganos, cuando anteriormente se tramitaba con los servicios jurídicos de la PSA.

Blanco ha insistido en que el centro funciona de forma "bastante eficiente" y que "el 50 por ciento de los presupuestos" que maneja proceden de "ingresos exteriores" a través de la contratación de proyectos y contrataciones de empresas. "Solo pedimos unas normas lógicas y racionales para poder hacer nuestra actividad", ha dicho antes de mostrar su queja por tener que "informar y convencer a Hacienda de que una inversión es procedente", puesto que el expediente "puede dilatarse varios meses".