El juez reabre la investigación de los concertados y pide a Educación información sobre responsables de centros

El juez reabre la investigación de los concertados y pide a Educación información sobre responsables de centros

Ciudad de la Justicia de Valencia
Ciudad de la Justicia de Valencia (EUROPA PRESS)
  • El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha reabierto la investigación por presuntos pagos irregulares de la Conselleria de Educación, durante mandatos anteriores del PP, a liberados de la patronal de la concertada Feceval que habrían cobrado por una labor docente no realizada, y ha solicitado a la conselleria información sobre responsables de los centros, según ha podido saber Europa Press.

Esta causa, en la que figura como único investigado el presidente de Feceval, José Manuel Boquet, fue archivada inicialmente por el juzgado, pero un recurso de la Abogacía de la Generalitat consiguió que la Audiencia ordenase reabrir la investigación.

El juez ha vuelto a abrir el procedimiento y ha solicitado a la Conselleria de Educación información sobre las personas responsables de los centros concertados y de formación de profesorado para poder llamarles a declarar.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de València, que partió a su vez de una denuncia de Compromís. Como consecuencia se incoaron dos piezas: ésta, por los pagos a los llamados 'liberados' de la patronal, y otra ya sobreseída por supuestos pagos en exceso a la concertada.

El fiscal pidió el sobreseimiento provisional de esta causa, aunque sí que reclamaba deducción de testimonio y remisión al Tribunal de Cuentas. Por su parte, la Abogacía de la Generalitat se opuso al considerar que los hechos no eran una irregularidad administrativa sino que podían ser constitutivos de estafa, malversación, falsedad documental o fraude de subvenciones. Según el letrado de la Generalitat, se habían rebasado los límites del convenio entre Generalitat y la federación y se simuló la contratación de profesores cuyo destino fue realizar trabajos en Feceval.

Aunque el juzgado de instrucción decidió el archivo provisional de las actuaciones, luego la Audiencia las reabrió al apreciar "indicios objetivos de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para, así, permitirles trabajar como empleados de dicha entidad pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos al nivel indiciario, que esas personas realizaron la actividad laboral explicitada en los contratos, que era el desarrollo de 'tareas de organización y coordinación de formación del profesorado'".

INFORME DE INTERVENCIÓN

Se da la circunstancia de que, en el marco de esta investigación, se aportó al juzgado un informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat que sostiene que, entre los años 2010 y 2014, la Conselleria de Educación realizó "pagos indebidos" por valor de algo más de 400.000 euros a cuatro personas en concepto de nóminas de personal contratado por centros concertados pero que, sin embargo, desarrollaban su trabajo en la federación Feceval.

El documento concluyó que la Conselleria de Educación había estado "pagando sin cobertura legal alguna desde el ejercicio 2010 hasta 2014 las nóminas de personal contratado por los centros privados concertados que, sin embargo, ha venido desarrollando su trabajo en Feceval".

El órgano de control explica que en los años 1990 y 2003 la Generalitat suscribió acuerdos con dos entidades que agrupan a centros privados-concertados, una de ellas Feceval, en los que se contemplaba la colaboración de ambas partes para la formación del profesorado. En años sucesivos, se firmaron una serie de adendas, la última de ellas data en 2009 y no preveía la posibilidad de que los acuerdos se prorrogaran tácitamente. Por tanto, "al margen de la legalidad o no de los convenios y de las adendas, desde el 1 de enero de 2010 se están realizando pagos indebidos, ya que no existe convenio ni subvención ni acto administrativo que den validez a los mismos", según dicho informe.

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