Santisteve ha indicado que la finalidad es difundir, en cumplimiento de la normativa internacional, códigos de conducta sobre la integridad ética pública, además de la ética y las conductas de cargos públicos, junto a la comprobación de la realización de hechos que puedan incurrir en supuestos de fraude o corrupción".

El alcalde ha presidido esta tarde en el Ayuntamiento de Zaragoza la primera reunión de trabajo con entidades sociales para abordar el reglamento de funcionamiento de la Oficina, que está colgado en la web 'www.zaragoza.es'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha recordado que todos concejales de la plataforma de Zaragoza en Común (ZEC), a titulo individual, suscribieron un Código Ético antes de las elecciones de mayo de 2015 y esta Oficina antifraude es el "cumplimiento a un compromiso del programa electoral y tiene mucho que ver con cumplir los acuerdos de investidura porque CHA y PSOE recogían esta petición", ha añadido.

Santisteve ha abundado en que en España, la razón de ser de esta Oficina tiene que ver con que el la encuesta del CIS sitúa como principal preocupación de los ciudadanos, después del paro, a la corrupción a la que apunta el 50 por ciento de los encuestados. Ha aportado el dato de que la corrupción se produce en un 80 por ciento en la administración pública.

"Es obligado generar procedimientos y mecanismos de detección y lucha contra la corrupción en el ámbito de la administración local en colaboración con entidades que se ha visto que no alcanzan a cubrir de forma adecuada esta lucha como el Tribunal de Cuentas o las cámaras de cuentas, independientemente de que haya órganos especializados como la fiscalía pero para cuando los casos ya están en curso y esto facilita el trabajo de colaboración con otras instituciones", ha defendido.

UN DIRECTOR DE PRESTIGIO

Esta Oficina estará vinculada a la Secretaría del Pleno y "exige" un director de "reconocido prestigio en lucha contra la corrupción" y su nombramiento, a propuesta del Gobierno municipal, tiene que tener el respaldo de tres quintos del Pleno, al igual que los cinco vocales del consejo asesor, y el personal funcionario adscrito deberá acreditarse por concurso de méritos con una determinada formación o especialización en los temas a desarrollar.

"De momento no se ha pensado en ninguna persona concreta y es lo último aunque habrá que discurrir entre todos" ha asegurado el alcalde para estimar que se tendrá que elegir con criterios de neutralidad e imparcialidad y ha opinado que "debería ser" alguien externo al Ayuntamiento porque "daría más garantía, probablemente".

En la web está colgado el reglamento de desarrollo de la Oficina que recoge la claves de protección de los denunciantes -que la UE apuntaba como déficit- y el registro de lobbies. Después de tres meses a exposición pública de los ciudadanos para que realicen sus aportaciones seguirá su tramitación administrativa.

ELUDIR ESCOLLOS

Tras la suspensión cautelar del TSJ de Madrid de una oficina similar del Ayuntamiento de Madrid por labor investigadora que se le atribuía, Santisteve ha asegurado que "con este reglamente se intentan eludir los escollos que se han podido plantear en la de Madrid".

A su parecer, esa suspensión cautelar de la Oficina del Ayuntamiento de Madrid "igual tiene que ver la función de las labores de la Intervención que no tiene asumidas funciones de investigación o incoación de procedimientos que garantice confidencialidad y aquí vamos más allá", ha aclarado.

Precisamente, por ello se somete a la consulta de expertos para que "aporten luces" y el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha apuntado que este aspecto se recoge en el capítulo 4 del reglamento y "se hizo ante el intento del PP que quiso desacreditarlo y por eso se replanteó otra vez".