La mujer acusada de allanar la que había sido su vivienda habitual diez años después de haberse separado de su pareja ha asegurado este lunes ante el jurado de la Audiencia Provincial que ella y su hija consideraban que no tenían que pedir permiso a su ex pareja para instalarse allí, porque la acusada es propietaria al 50 por ciento del inmueble tras haber pagado 60.000 euros, según ha defendido.

La mujer ha sostenido que cuando ambas accedieron a la vivienda ubicada en Bunyola -algo que hicieron de día y utilizando sus propias llaves- se encontraron que la casa estaba en estado de abandono y que los perros de la finca eran alimentados por dispensadores automáticos. También ha negado que cortaran cables del teléfono o que bloquearan con pegamento la habitación del padre.